Los recortes del Trasvase Tajo-Segura destruirán hasta 15.000 empleos en Alicante

Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para recortar los hectómetros cúbicos del Trasvase Tajo-Segura «ponen en peligro la superviviencia» de la agricultura en la provincia de Alicante, sobre todo en la comarca de la Vega Baja.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha incidido en que las políticas de desalación de Pedro Sánchez provocarán pérdidas de hasta seis millones de euros para el sector, así como la destrucción de 15.000 puestos de trabajo en la provincia de Alicante, junto a la «tala de 10 millones de árboles».

Estas serán las reflexiones que el conseller abordará este lunes en el foro 'Horizonte 2027. Los retos del agua', que se celebrará en Murcia organizado por Scrats y La Verdad. Además, Barrachina abordará los desafíos a los que se enfrenta la agricultura en la Comunitat ante el recorte del Trasvase.

Barrachina apunta, en la previa al evento, que la agricultura de Alicante depende del agua trasvasada, una necesidad que «se fundamenta en datos técnicos irrefutables». Al mismo tiempo califica la postura del Gobierno central de «dogmatismo sin rigor», una política que «deja perder el agua que necesita Alicante en Portugal».

El conseller participará en una mesa redonda junto a representantes de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, donde expondrá la situación hídrica actual de la Comunitat Valenciana y destacará las razones clave para mantener el trasvase Tajo-Segura.

«Este Consell reclama el agua que nos corresponde, respaldados por la razón y por la sólida trayectoria de gestión ejemplar que históricamente ha caracterizado a la Comunitat Valenciana, y en particular a la provincia de Alicante, donde cada gota de agua es aprovechada de forma eficiente y esencial para preservar nuestra agricultura», defiende Barrachina.

En este sentido, el conseller de Agricultura afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez «comete el grave error de creer que el agua de España no pertenece a todos, castigando una y otra vez a la Comunitat Valenciana. La planificación hidrológica no puede centrarse únicamente en la desalinización, ya que esto supone un error desde el punto de vista ecológico, económico y energético, además de ser una muestra de falta de solidaridad entre territorios».

Por último, Barrachina señala que «necesitamos un Gobierno de España, que al igual que está haciendo el Consell de Mazón, crea en nuestra tierra y en nuestros agricultores y regantes. No queremos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Defendemos un Pacto Nacional del Agua porque el agua es una cuestión de Estado, es de todos. No es propiedad de nadie. Apostamos por la solidaridad entre territorios y no por el enfrentamiento entre territorios».

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