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Una de las médicas acusadas, antes de entrar a la última vista oral del juicio por la muerte de Aitor. Shootori
Visto para sentencia el juicio por la muerte del niño de 8 años de Petrer tras acudir cinco veces a Urgencias

Visto para sentencia el juicio por la muerte del niño de 8 años de Petrer tras acudir cinco veces a Urgencias

La defensa de la familia rebaja la petición inicial de 21 a 4 años de prisión para las dos acusadas, mientras la Fiscalía mantiene los dos años y cuatro meses de cárcel para la pediatra y de un año y diez meses para la médica de familia

Viernes, 28 de marzo 2025, 17:20

El juicio por la muerte de Aitor, el menor de 8 años fallecido por una peritonitis en octubre de 2020 después de acudir cinco veces a Urgencias, ha quedado visto para sentencia este viernes. La magistrada del juzgado de lo Penal 2 tendrá que dirimir si las dos médicas acusadas por el óbito del menor cometieron mala praxis o su actuación no merece un castigo penal.

La letrada de la abuela del menor, Raquel Sánchez Navarro, ha rebajado la petición inicial de pena de prisión para la acusadas de un delito de homicidio por omisión a un delito de homicidio imprudente porque la competencia del Juzgado solo abarca delitos de hasta un máximo 4 años de condena, según ha explicado antes de entrar a la última vista oral. Por ello, ha explicado que pedirá la máxima pena posible por el delito de homicidio por imprudencia: cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer la profesión médica para las dos facultativas.

Mientras, el Ministerio Público ha mantenido su petición inicial de dos años y cuatro meses de prisión para la pediatra del Hospital General de Elda y otra de un año y diez meses para la médica de familia del centro de salud, además de la inhabilitación para ejercer la profesión durante cuatro años y seis meses, y tres años y seis meses, respectivamente.

Asismismo, la Fiscalía reclama a las enjuiciadas indemnizaciones de más de 143.000 euros para la madre biológica del menor y sus abuelos, tutores legales del menor desde su nacimiento. De tales cantidades deberá responder la aseguradora, como responsable civil directo, y la Conselleria, como civil subsidiaria.

Por su parte, la letrada de los tutores legales reclama 1,5 millones de euros y la abogada de la madre biológica reclama 350.000 euros de indemnización.

Por su parte, el abogado de la doctora del centro de salud de Petrer, Guillermo Llago, ha mantenido la solicitud de absolución de su defendida. El letrado defiende que la muerte de Aitor fue «imprevisible», ya que no hubo un diagnóstico que pudiese prever el fatal desenlace. Asimismo, ha hecho hincapié en que ha echado en falta las «no pruebas».

En sus conclusiones, ha sostenido que las acusaciones no han llamado a declarar al médico que atendió al menor en el punto de atención continuada (PAC), a la médica adjunta de su defendida que lo atendió el 24 de octubre ni a la otra pediatra que lo exploró el 26, dos días antes de su muerte.

Además, ha manifestado que la abuela de Aitor ha construido una «realidad paralela» para conseguir una pena para las acusadas y que ha creado un «juicio mediático» a través de la prensa. En la misma línea ha intervenido la defensa de la pediatra de Urgencias, quien ha declarado que la versión de los hechos se ha «magnificado y distorsionado» y que se está haciendo un juicio a base del «lamentable resultado».

Un perito y las últimas palabras de la pediatra acusada

Antes de las conclusiones, ha intervenido un perito propuesto por la defensa de la facultativa del Hospital General de Elda, un pediatra del hospital de Majadahonda. El especialista ha indicado que hay «inexistencia» de mala praxis en la actuación de la enjuiciada y mantiene que no era necesario pruebas complementarias porque no había «signos de alarma» en el estado de salud del menor.

Al contrario que la perito propuesta por el juzgado y la de las defensas de la familia, quienes ratificaron durante la segunda sesión del juicio -celebrada el jueves- que, a su entender, hubo mala praxis en la actuación de las dos facultativas.

Por último, la pediatra acusada ha utilizado su turno de palabra para aclarar que en octubre de 2020 -en plena pandemia por covid- las Urgencias del Hospital General de Elda se ubicaron en la cuarta planta debido a que estaban realizando obras, por lo que todos los pacientes tenían que desplazarse en silla de ruedas para evitar accidentes, puesto que era un «largo recorrido», ha señalado. Además, ha declarado que sí realizó la exploración al menor en la camilla y que lo puso en el informe médico. «No tenía motivo para no hacerlo», ha concluido.

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