Peritos del caso del menor de Petrer fallecido por peritonitis ratifican que con más pruebas se le podría haber salvado la vida

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 27 de marzo 2025, 17:21 | Actualizado 18:01h.

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La segunda sesión del juicio que decidirá si hubo mala praxis por parte de dos médicas acusadas de la trágica muerte de Aitor, el niño de 8 años de Petrer fallecido en octubre de 2020 por una peritonitis después de acudir cinco veces a Urgencias, se ha celebrado este jueves en los Juzgados de Alicante.

En la primera sesión, la abuela de Aitor rebatió las versiones de las facultativas acusadas de la presunta negligencia, quienes aseguraron que no apreciaron signos de alarma en el pequeño y que actuaron correctamente. Por su parte, la tutora legal del menor sostuvo que las médicas no le hicieron análisis, lo que le habría «salvado la vida», tal y como le manifestaron los facultativos del Hospital de Elda tras la muerte del menor.

Durante la segunda vista oral, cuatro peritos, en una declaración conjunta, han ratificado ante la jueza que con más pruebas se podría haber salvado la vida de Aitor. Además, ha habido discrepancia entre los expertos por el motivo que desencadenó la peritonitis que acabó con la vida del niño.

El forense encargado de practicar la autopsia ha defendido que el pequeño no tenía el apéndice perforado, en contra de lo que se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía. El especialista ha declarado que Aitor murió por una «peritonitis bacteriana primaria», algo «poco común» en la población, «entre el 1 y 2 %», ha señalado. Según el especialista, la infección abdominal se propagó hasta la cavidad torácica provocándole de manera secundaria un tromboembolismo pulmonar que causó la muerte del menor.

Mientras, los otros cuatro peritos llamados a declarar durante la segunda sesión del juicio han sostenido que el niño sí podría haber sufrido una apendicitis aguda, pero que el órgano podría haber cicatrizado con el paso de los días. Asimismo, han defendido que con pruebas complementarias el menor se podría haber salvado.

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El tercer perito en declarar ha destacado que le parece «raro» que cuando se deriva un paciente de un centro de salud a un hospital no se le realicen pruebas complementarias. El facultativo entiende que Aitor sufría «síntomas suficientes» para preocuparse y que lo enviaron a casa como si presentara «un cuadro banal». «Es temerario que no le hicieran un análisis», ha destacado.

Por la misma línea ha ido la médica perito designada por el Colegio de Médicos de Valencia, que ha intervenido por videollamada. La facultativa ha declarado que no entiende cómo en el estado en que se encontraba el menor no le hicieran una radiografía, una analítica o le midiesen la tensión -se intentó dos veces, sin éxito-. «No se hizo nada añadido a lo realizado en el centro de salud», ha sostenido.

También ha ratificado ante la jueza la supuesta mala praxis de las dos acusadas, al considerar que durante cinco días no fueron capaces de ver la gravedad del asunto: «Uno no se muere de repente», ha sentenciado. Además, ha asegurado que si Aitor hubiese estado en el hospital «al menos se podría haber luchado por su vida»; algo que descarta otro de los peritos que entiende que la probabilidad de supervivencia en el estado del niño de 8 años era «nula».

Además de los testigos ha comparecido una testigo clave que no pudo declarar en la primera sesión celebrada el pasado lunes por un error informático. La mujer, una paciente que acudió con su hija al centro hospitalario donde coincidió con la abuela y Aitor la tarde del 26 de octubre, ha manifestado que el pequeño iba en silla de ruedas, con la cabeza inclinada y se retorcía de dolor. «El nene estaba muy malito», ha apostillado.

Además, ha indicado que las Urgencias no estaban saturadas, como defendía una de las acusadas en la primera vista oral, puesto que tan solo había «cuatro niños» -era época covid-.

El Ministerio Público solicita una pena de dos años y cuatro meses de cárcel para la pediatra del Hospital de Elda y otra de un año y diez meses de prisión para la médica de familia del centro de salud Petrer II, por un delito de homicidio por imprudencia. También pide su inhabilitación durante cuatro años y seis meses y tres años y medio, respectivamente. La Fiscalía considera en su escrito de acusación que las acusadas cometieron «mala praxis» en la actuación de las médicas y que infringieron las normas básicas de su profesión.

Por otra parte, la letrada Raquel Sánchez, que ejerce la acusación particular en nombre de la abuela y de su pareja, quienes se hicieron cargo de Aitor tras su nacimiento, eleva a 21 años la petición de cárcel al calificar los hechos como un delito de homicidio por omisión y subsidiariamente pide seis años por homicidio imprudente agravado o cuatro años por homicidio imprudente grave. La madre biológica del pequeño, que también ejerce la acusación particular, solicita la misma condena.

En cuanto a las indemnizaciones, el Ministerio Fiscal reclama 143.000 euros para los abuelos y la madre del fallecido, mientras que la letrada de los tutores legales solicita 1,5 millones de euros y la defensa de la madre biológica 350.000 euros.