El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado este lunes que «el Gobierno de España eliminará el Trasvase Tajo-Segura y condenará a la agricultura de Alicante«, tras la enmienda incluida en el Congreso Federal del PSOE para cerrar la transferencia de agua de Castilla-La Mancha a la provincia.
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La Generalitat, en un comunicado, ha criticado que, «con el silencio y el beneplácito de los socialistas valencianos», se ha decidido que el trasvase Tajo-Segura «solo se mantenga para abastecimiento destinado al consumo humano y, de forma excepcional, para el riego en momentos exclusivamente de sequía, además de pedir que las zonas receptoras de caudales apuesten por la desalación para mantener el sector agrícola de regadío«.
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Barrachina ha subrayado que «las desaladoras son complementarias, no sustitutivas del agua dulce que viene a través del trasvase« porque »el agua desalada que proponen no es una opción para nuestros cultivos por su calidad, su elevado coste para nuestros regantes y por su grandísimo impacto ambiental negativo«. Los caudales que ahora llegan del acueducto pasarán a ser suministrados por desalinizadoras »multiplicando por tres o cuatro veces su precio actual, y esto no puede ser asumido por el agricultor«, ha añadido el conseller.
Además, ha indicado que «cada día han de haber más infraestructuras hidráulicas que permitan recoger la intensa lluvia concentrada para defender a las poblaciones aguas abajo y darles un uso agrario, dado que las etapas de sequía serán más prolongadas«.
Barrachina ha asegurado que «desde la Generalitat Valenciana no vamos a permitir que esto ocurra, vamos a defender tanto desde el punto de vista político como judicial el mantenimiento del trasvase Tajo-Seguro, como lo hemos hecho hasta ahora«. Acabar con el trasvase Tajo-Segura »supone la destrucción de 22.000 puestos de trabajo y talar 10 millones de árboles«, ha sentenciado. El conseller ha asegurado que »el Gobierno de España da la espalda a la agricultura de la Comunitat Valenciana« y condena a la provincia de Alicante a convertirse en »el desierto de Europa«.
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«El Gobierno de España prefiere contentar y mantener callado a Page, que garantizar la supervivencia del campo en la provincia de Alicante», ha finalizado.
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