Las claves: historia de una traición

La Unión Europea obligaba a redactar los nuevos planes de cuenca de las 12 demarcaciones hidrológicas de España. Estos documentos tenían que estar aprobados a 1 de enero de 2022 y, ahora, un año después parece que al final se aprobarán. El Gobierno ha aprovechado esta obligación de Bruselas para, por fin, introducir sus tesis antitrasvasistas al Mediterráneo y sustituir estos caudales por agua desalinizada.

El trámite de redacción, consulta y negociación ha sido arduo y complicado. En apenas dos meses y medio hemos ido de mal a peor, de un acuerdo que detenía esta II Guerra del Agua a recursos y acusaciones cruzadas entre gobiernos autonómicos y central. En medio, miles de regantes y usuarios que temen por un futuro negro para sus negocios y cultivos.

¿Qué ha pasado en este tiempo? La crónica de una traición, desde el acuerdo de la Generalitat con el Ministerio de Transición Ecológica hasta el desmarque del secretario de Medio Ambiente a la previsible pelea judicial.

Viernes por la tarde. La Generalitat Valenciana emite, por sorpresa, un comunicado en el que anuncia un acuerdo entre el gobierno autonómico y el Ministerio de Transición Ecológica para modificar las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Este acuerdo serviría para redactar el decreto ley del nuevo plan hidrológico que se llevaría al Consejo Nacional del Agua a celebrar diez días después.

La Generalitat acepta aumentar los caudales ecológicos del río Tajo de 6 a 7 metros cúbicos por segundo. Con ello, se produce un nuevo recorte en el envío de caudales de unos 80 hectómetros cúbicos anuales, un 20%. Pero consigue, entienden ellos, dos importantes ventajas:

Primera, los caudales serán revisables anualmente a su paso por Aranjuez. «Si se cumplen los objetivos ambientales fijados ni siquiera será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026», indicaba el Consell en un comunicado. Es decir, si cumplen los estándares europeos, los caudales ecológicos no se aumentarían y, «por ende, no comprometerían la continuidad del trasvase».

Es la famosa disposición novena que después también ha nombrado el Consell que el Ministerio no ha respetado.

Segundo, el Gobierno se compromete a una inversión histórica de 1.600 millones de euros. Mil millones serían para depurar y regenerar el río Tajo en Aranjuez y otros 600 millones de euros irían a la cuenca del Segura. Fundamentalmente, para desalinización y construir plantas fotovoltaicas capaces de suministrar energéticamente a las desaladoras.

En este punto, el Gobierno admite que el problema del Tajo es la contaminación en Madrid y no el trasvase. Un argumento también políticamente muy útil para atacar también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El PSPV saca pecho de un «acuerdo histórico» que ha conseguido lo que los socialistas llaman «agua para siempre». El PP, sin embargo, considera inasumible que la Generalitat acepte más recortes en el Trasvase.

Y llega el día del Consejo Nacional del Agua, órgano consultivo en el que se presentan los planes de cuenca de las demarcaciones hidrológicas antes de que se aprueben por el Gobierno oficialmente y entren en vigor. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, presenta allí mismo una enmienda 'in voce' en la misma reunión en la que se modifica la ya citada disposición novena.

Los caudales dejan ya de ser revisables. Son fijos y aumentarán progresivamente, no ya de 6 a 7, sino hasta 8,6 metros cúbicos por segundo. Supone un recorte aún mayor del que ya asumía la Generalitat. No solo eso, sino que deja al Trasvase Tajo-Segura herido de muerte para la agricultura, con 105 hectómetros cúbicos menos trasvasables.

Los representantes de la Generalitat Valenciana (la consellera de Agricultura y el secretario autonómico) están desconcertados. El resto, también. No saben qué se vota, si el documento inicial presentado o con los cambios propuestos allí mismo por el Gobierno de su mismo signo político. Deciden abstenerse.

Votan en contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular y los regantes confirman su negativa a más recortes. Pero un Consejo del Agua que el Gobierno había modificado y renovado los últimos años le da su visto bueno.

Los empresarios alicantinos se sienten «engañados» con Puig y el Gobierno. El presidente de la Generalitat parece que no sabe muy bien qué ha pasado y defiende el resultado del Consejo del Agua.

El Partido Popular se refuerza en su posición contraria y también se empieza a mover. La Diputación de Alicante y el Gobierno de la Región de Murcia anuncian un recurso judicial si el Consejo de Ministros llega a aprobar el plan de cuenca.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cambia de guión radicalmente. Dos días después de que se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Alicante, carga contra el propio Ejecutivo.

Sánchez acudió a un encuentro de presidentes europeos del Mediterráneo en Alicante. Con Ximo Puig hubo un encuentro en Casa Mediterráneo, la sede diplomática española. Y el jefe del Consell decide emitir dos días después un vídeo en el que acusa al Gobierno de cambiar de criterio y no respetar el compromiso al que se había llegado con la Administración autonómica. «No se entiende bajo ningún concepto que tras un acuerdo, unilateralmente se quiera romper», expresa Puig.

Y avisa de que «lo que la Generalitat no está dispuesta en ningún caso a pasar por esa situación».

Además, encarga un informe de la Abogacía de la Generalitat sobre el acuerdo del Consejo del Agua. En unos días, Puig pasa de defender el acuerdo a criticarlo en base al documento de los letrados autonómicos. El informe de la Abogacía de la Generalitat «desmonta los argumentos esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora en relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos», indicaba la Generalitat en su comunicado.

Comienzan las movilizaciones y el PSPV, siguiendo al presidente, también empieza a cambiar su discurso. De apoyo a los regantes y contra el Gobierno.

De hecho, el presidente de la Generalitat Valenciana se reúne con el Sindicato de Regantes del Trasvase en el Palau de la Generalitat en la segunda movilización que convocan en defensa del Tajo-Segura. Les transmite su respaldo y el de la Generalitat a su posición.

El presidente ha intentado mantener un difícil equilibrio entre mostrar el apoyo a los regantes y dejar abierta una vía al diálogo con el Gobierno. Por un lado, envía alegaciones al Consejo de Estado para que se pronuncie mientras asegura que no quiere entrar en enfrentamientos entre autonomías.

Los regantes, por su parte, continúan su pelea particular. Después de manifestarse en Murcia y Valencia, el siguiente paso es Madrid. Miles de pesonas se reunieron frente al Ministerio de Transición Ecológica para defender el Trasvase Tajo-Segura.

Los políticos acompañan. Desembarco masivo del PP, empezando por el presidente Carlos Mazón; de los socialistas acuden alcaldes de los municipios afectados como el de Elche, Carlos González, u Orihuela, Carolina Gracia, entre otros. De la Generalitat Valenciana, acude como máxima responsable la consellera de Agricultura, Isaura Navarro.

El presidente, Ximo Puig, se encuentra en la feria textil de Frankfurt, algo que le recrimina el PPCV.

El recibimiento de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue épico: «La demanda de los regantes no es compatible con el interés general». Portazo, cerrazón y a seguir adelante.

Los agricultores, sin embargo, continúan su lucha. Acudirán el próximo martes ante el Palacio de la Moncloa para intentar un último acto de presión al Consejo de Ministros.

El informe del Consejo de Estado emitido este jueves deja en muy mal al Gobierno, pero no encuentra argumento jurídico ni técnico como para rechazar el decreto ley. Eso sí, la lectura del dictamen apunta a diversos matices, contradicciones y hasta reproches del órgano consultivo al Ministerio de Transición Ecológica.

Para la institución consultiva, la «satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto del Tajo-Segura». Más claro, el agua: caudales ecológicos sí, pero también trasvase.

El Consejo de Estado encuentra numerosos déficits tanto en el documento como en la tramitación: ni equilibrio, ni transparencia ni coordinación del Ministerio de Transición Ecológica, que ha actuado a su modo como ha considerado.

Ahora, a 48 horas de que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el recorte del Trasvase Tajo-Segura, pocas opciones quedan. El tejado está en manos de los políticos. Depende de la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sus necesidades políticas y de la presión o la persuasión del jefe del Consell, Ximo Puig.

Todavía hay tiempo para modificar de manera significativa el decreto que llegue a la mesa del Consejo de Ministros y que ahora mismo condena a la provincia. Esta historia todavía no ha escrito su último capítulo.