Puig carga contra el Gobierno por el Tajo-Segura

La Generalitat está acostumbrándose a lanzar estos mensajes sobre el Tajo-Segura de manera sorpresiva. El anuncio sobre el acuerdo entre Consell y Gobierno de España se lanzó un viernes por la tarde. En este compromiso, se aumentaban los caudales ecológicos del Tajo por Aranjuez de 6 a 7 metros cúbicos por segundo. Estos niveles no eran fijos, sino variables, a expensas de evaluaciones periódicas.

A cambio, el Gobierno se comprometía a invertir 1.000 millones en depuración en Aranjuez y otros 600 millones de euros en desalizadoras y plantas fotovoltaicas en la provincia. Entonces, tanto el PSPV como el propio Puig se congratulaban de este acuerdo.

La sorpresa vino días después, en la previa del Consejo Nacional del Agua. El Ministerio de Transición Ecológica se desmarcaba y presentaba un documento en el que incrementaba de manera progresiva los caudales ecológicos del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo en 2027. Esto supone el cierre definitivo del Trasvase. Adiós a miles de puestos de trabajo en la provincia de Alicante.

De ahí la abstención de los representantes de la Generalitat Valenciana en el Consejo Nacional de Agua. Esta era la última posición del Consell respecto a un plan que, ineludiblemente, termina con el final del Tajo-Segura.

Los regantes ya votaron en contra de esta decisión del Ministerio de Transición Ecológica y los empresarios se han sentido «engañados». Por su parte, la Diputación de Alicante y la Región de Murcia ya han anunciado que recurrirán la decisión del Consejo Nacional del Agua si la ratifica finalmente el Consejo de Ministros.

El clima de crispación generado en Alicante por la decisión del Gobierno central se estaba haciendo irrespirable para Ximo Puig, con continuos ataques del PP por esta cuestión. Los socialistas apenas podían eludir la cuestión criticiando a los populares por «enfrentar y dividir».

Bien, pues esta situación ha cambiado radicalmente este domingo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pasado al ataque. Ha encargado un informe a la Abogacía Generalitat de la Generalitat Valenciana en contra de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de seguir adelante con sus planes. Puig se pone ahora al frente de la reivindicación.

Este «contundente» informe, según el comunicado de la Generalitat, se insta al Gbierno a que «respete el proyecto de real decreto en los mismos términos en los fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre, y que garantizan la continuidad del trasvase Tajo-Segura».

El informe de la Abogacía de la Generalitat «desmonta los argumentos esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora en relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos». El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela a una serie de sentencias del Tribunal Supremo, compartidas por la Junta de Castilla-La Mancha, para fijar unos caudales ecológicos en la cuenca cedente.

Pues bien, el informe de la Abogacía de la Generalitat va justo en el sentido contrario. Concluye que «en ningún momento el Supremo se pronuncia sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que únicamente señala que hay que fijarlos». Es más, según explica el Consell, «indica que a la hora de establecerlos hay que tener en cuenta una serie de variables, no sólo ecológicas, sino también socieconómicas y que la fijación de esos caudales no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación». Aquí comparte el argumento del Partido Popular de que este cambio se debía a motivos políticos, nunca técnicos.

El Consell entiende que con los 7 metros cúbicos aceptados en el acuerdo con el Gobierno central, y que supone un recorte en el trasvase de 32 hectómetros cúbicos al año, ya había más que suficiente. «Si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026», indica el informe. Traducido: «No será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura».

Nada de escalones ni de llegar a los 8,6 metros cúbicos por segundo en 2027. Los caudales ecológicos, entiende el Consell, deben quedarse en 7, o menos. Y punto.

En definitiva, que el Consell entiende que no existe, tal como avala el informe de la Abogacía, «ninguna justificación jurídica ni técnica para modificar en el último momento un texto que fue aprobado por amplia mayoría en el Consejo Nacional del Agua».

La Generalitat también explica en su comunicado de este domingo la abstención de sus representantes en el Consejo Nacional del Agua. Lo hacen después de las críticas del presidente del PPCV, Carlos Mazón, sobre este «silencio cómplice» del Consell.

La abstención de la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y el secretario autonómico de Transición Ecológica, Francisco Candela, sobre el plan de cuenca de Tajo, explican, «estaba condicionada al cumplimiento expreso de la disposición sobre los ya aludidos criterios para determinar los caudales ecológicos».

Ahora, advierten, «cambiarán el sentido de su voto sobre el plan del Tajo si finalmente se llevase a cabo una modificación de lo pactado». La cuestión es que ahora queda que el Consejo de Ministros ratifique el real decreto con el nuevo plan de cuenca del Tajo. No cabe voto en contra, tan solo recursos a la Justicia como los que ya preparan tanto los regantes como la Diputación de Alicante y la Región de Murcia.

Así las cosas, «el Consell reitera de manera rotunda su petición al Gobierno de España para que se cumpla lo aprobado en la última reunión del Consejo Nacional del Agua», porque ese acuerdo «garantiza el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que para la Generalitat es una cuestión prioritaria e irrenunciable».