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Alicante ha vuelto a llevar a pleno los macrodepósitos del puerto tan solo un día después de que el TSJCV haya dado la razón a la empresa concesionaria, XC Business 90. La respuesta judicial falla a favor de la aplicación del silencio administrativo positivo ... sobre la licencia y ha considerado que la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alicante ha de interpretarse como aceptación de la licencia y no en su vertiente negativa, como afirmaba el consistorio.
El grupo municipal de Esquerra Unida- Podem ha presentado una iniciativa para instar a la Autoridad Portuaria a revocar la modificación de la concesión a la empresa para la construcción de 18 macrodepósitos de combustible en el muelle 1 del puerto de Alicante. Una iniciativa que no ha logrado el apoyo suficiente para salir adelante, con los votos en contra de PP y Vox -que la han considerado fuera de lugar en los términos que proponía- y a favor de PSOE, Compromís y EU-Podem.
El debate lo ha comenzado la presidenta de la asociación Gran Vía Sur, Sol Garcín, que ha calificado este proyecto de «irracional, insostenible e incompatible con la seguridad de la ciudad». Desde esta entidad han explicado «las graves irregularidades no ajustadas a derecho», que consideran sobre la modificación de la licencia de instalación de los depósitos. Los vecinos han solicitado al consistorio que recurra la sentencia del TSJ sobre la instalación de esta construcción.
En la parte política, Copé ha calificado de «barbaridad» la construcción de los depósitos de combustible y «le pido que escuchen a la ciudadanía y que nos arremanguemos todos a trabajar para evitar la instalación de los macrodepósitos». Durante el debate de este punto Copé ha recriminado al alcalde que haya hecho callar al público. El de EU-Podemos ha calificado la actitud del alcalde de «caciquil» a lo que las palabras de Barcala para reclamar silencio en el salón Azul ha soliviantado a los vecinos, «no somos su parroquia, un respeto», han gritado desde la zona de público.
Por su parte, desde Compromís Rafa Mas ha criticado «la inacción» de Barcala a quién ha afeado que no se pusieran a trabajar antes. «Tiene vecinofobia siempre a favor de las empresas. Esta ciudad necesita un convenio-marco nuevo, con los vecinos, aspectos de seguridad y ambiental. Llame al señor Mazón y que aplique la Ley de Seguridad Ambiental de la Generalitat que prohibe actividades peligrosas cerca de un núcleo urbano».
Vox se ha posicionado en contra de los depósitos pero han considerado que la propuesta de EU-Podem insinúa que el puerto prevarica, por lo que han considerado que no deben pronunciarse en este aspecto. «No es tan sencillo revocar una licencia, no podemos dar falsas esperanzas ni mentir a la ciudadanía, debemos trabajar todos en común», ha remarcado la portavoz, Carmen Robledillo.
Por su parte, la portavoz socialista Ana Barceló ha reclamado diálogo y exigido a Barcala que pida a la Generalitat que actúe. «Se lo dijimos a Mazón, que se puso de perfil. Señor alcalde, usted ante Mazón claudica».
La concejala popular, Rocío Gómez, ha explicado que debido a la sentencia del TSJ «este equipo de gobierno no puede manifestarse». La edil ha explicado que el servicio jurídico está estudiando las posibilidades, ha pedido tiempo y afirmado que habrá una reunión a tres -puerto, Ayuntamiento y Generalitat-, algo que el alcalde ha confirmado que ya tiene fecha y hora. «Necesitamos tiempo para poder minimizar el efecto de la sentencia y consideramos esta iniciativa inoportuna y extemporánea», ha destacado Gómez.
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