El okupa de Alicante aprendiz de Spiderman

El barrio alicantino de Colonia Requena vive una plaga silenciosa: la okupación de viviendas. En pleno atasco en el Congreso de la ley para 'echar' a okupas en menos de 24 horas, una oleada de esta práctica cada vez más habitual castiga la Zona Norte de la ciudad.

En un vídeo al que ha tenido acceso TodoAlicante, se observa cómo un hombre salta desde el balcón de una vivienda, un primer piso de un bloque ubicado en la avenida Pintor Gastón Castelló, durante la madrugada del lunes 10 de junio. Aunque en un primer momento se creía que era un robo, este diario ha podido confirmar que se trata de una okupación.

Esta es una imagen habitual en el barrio ubicado en la Zona Norte de la ciudad, tal y como han asegurado varios vecinos a TodoAlicante. El presidente de unos de los bloques, A. C., se muestra tajante: «No tenemos un número exacto, pero por encima del 50% de las viviendas están okupadas». Unas cifras de las que no dispone nadie por la dificultad que entraña dar datos de una actividad ilegal y que permanece en la economía sumergida.

En los últimos meses, los portales web de ventas de viviendas en Alicante se han poblado de anuncios con rebajas hasta la mitad de su precio original, pero con una trampa: están okupados. Estos casos pueden parecer interesantes a los inversores, quienes a cambio asumen las costas y el tiempo de un proceso judicial que se puede alargar hasta más de un año.

En España, según datos que evidencia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el periodo que deben esperar los propietarios para desalojar a un okupa es de 20,5 meses.

La norma plantea que una vez que una autoridad pública requiera el desalojo de una vivienda ocupada de manera ilegal, el 'okupa' debe dejar el inmueble en 24 horas o demostrar que tiene autorización para estar en él. En caso de que no puedan acreditarlo, los policías procederán a la expulsión del ocupante.

El texto también propone endurecer el Código Penal para incrementar las penas de cárcel de los okupas, que podrían alcanzar los tres años (frente a los dos actuales) en el caso de que la usurpación del inmueble se haya conseguido mediante violencia e intimidación. Si la actividad ilícita se hace sin violencia, la condena ascendería entre seis y 18 meses de prisión (frente a las actuales multas de tres a seis meses).

La devolución del IBI y el Impuesto de Patrimonio que ha pagado por el inmueble al propietario de la vivienda okupada por parte de la Administración es otro de los objetivos de esta ley. A ello se le une la protección de las comunidades de propietarios con inmuebles okupados. Por un lado, dándoles potestad para denunciar ante las autoridades conductas perjudiciales para la finca y por otro la oportunidad de pedir al propietario de la vivienda que tome medidas preventivas, como tapiar ventanas y puertas.

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