A juicio por maltratar, violar y amenazar con cortar la cabeza a su novia en Santa Pola

Alejandro Hernández

Alicante

Lunes, 9 de septiembre 2024, 14:11 | Actualizado 16:27h.

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Un hombre se enfrenta a penas que suman 16 años y medio de cárcel por maltratar, violar y amenazar con cortar la cabeza a su compañera sentimental en Santa Pola. El juicio se celebra este martes, 10 de septiembre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2023, en el domicilio de ella, en la localidad de Santa Pola. El escrito de la acusación pública recoge que el acusado, que mantenía una relación sentimental con la víctima desde 2020, presuntamente la forzó sexualmente en el aseo de la vivienda y en un dormitorio, mientras le propinaba golpes para doblegar su resistencia y negativa.

Con posterioridad, volvió a agredirla, según la versión del Ministerio Fiscal, dándole puñetazos en la cara y rompiéndole el pijama que llevaba. La mujer logró bajar a la planta baja del inmueble, pero él la persiguió y, supuestamente, la agarró por el cuello cortándole parcialmente la respiración para, finalmente, amenazarla con cortarle la cabeza con un cuchillo si salía de una habitación.

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La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual, en su modalidad de empleo de violencia y en el ámbito de la violencia de género, por el que pide una pena de 13 años y 6 meses de cárcel, un delito de maltrato, por el que reclama otro año de cárcel, y un delito de amenazas, para el que solicita dos años más de prisión para el procesado.

El mismo día, pero en la Sección Undécima (Elche), tres presuntos narcotraficantes, varios de ellos con antecedentes por delitos similares, se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante por traficar con hachís y cocaína en tres domicilios de Santa Pola.

Los acusados fueron detenidos en una operación de la Guardia Civil llevada a cabo el 12 de marzo de 2020, en la que los agentes se incautaron de pequeñas cantidades de ambas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y libretas con anotaciones de las ventas realizadas, entre otros efectos.

La Fiscalía solicita provisionalmente para los reos penas que oscilan entre los cuatro y los siete años de prisión por delitos contra la salud pública.