La Policía Nacional ha detenido a la expresidenta de una asociación de San Vicente del Raspeig tras descubrirse un desfalco en las cuentas de 53.716,36 euros e impagos superiores a los 44.000 euros, correspondientes a los años en los que estuvo ejerciendo su cargo la arrestada. La arrestada es una mujer de nacionalidad española y 30 años de edad como presunta autora de un delito de apropiación indebida.
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Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional por parte de la actual representante legal de las asociaciones afectadas tras detectar una importante merma en la liquidez de las cuentas.
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Cuando la nueva junta directiva intentó realizar gestiones con las personas que la anterior presidenta les dejó como contactos de la entidad bancaria, descubrieron que tales personas no trabajaban para el banco tras detectar ciertas irregularidades en el balance de cuentas.
Este hecho, unido a que la expresidenta, era el único miembro de la anterior directiva con capacidad de realizar movimientos bancarios en las cuentas a pesar de que había un tesorero, les hizo sospechar de su gestión económica al frente de las asociaciones. Por eso, pusieron una denuncia.
Por otro lado, el tesorero de la anterior junta dimitió de su cargo puesto que en ningún momento tuvo capacidad de operar en las cuentas, sólo podía consultar saldos.
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En cuanto a sus funciones como tesorero, refirió a los investigadores que las únicas que terminó desempeñando quedaron relegadas a la elaboración de presupuestos e informes anuales de las cuentas. Siempre se basaba en la información que la presidenta le proporcionaba, puesto que era ella quien operaba en ellas.
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De hecho, ni siquiera realizaba él los pagos, sino que informaba a la presidenta de los que pagos pendientes y ella se encargaba de hacer las transferencias oportunas. Desconocía incluso si se llevaban a cabo o no.
Tras la dimisión del tesorero y de otros miembros de la junta directiva, la entonces presidenta quedó como única titular de las cuentas, así que terminó por ser nombrada también como tesorera. De esta manera, era el único miembro de la junta que tuvo acceso y control de las cuentas bancarias desde el mes de noviembre de 2019 hasta el mes de marzo de 2023.
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De esta manera, la expresidenta era quien gestionaba de manera unilateral los ingresos y gastos de las asociaciones. No daba cuentas de la contabilidad a ningún otro miembro de la junta, realizando unos balances y presupuestos presuntamente ficticios, recibiendo los ingresos y efectuando los pagos.
Tras el análisis de las cuentas bancarias de la investigada, su posición dominante dentro de las asociaciones que presidía, le confirió, presuntamente, la posibilidad de poder apropiarse ilícitamente de 53.713,36 euros a través de transferencias a sus cuentas propias, entre el noviembre del año 2019 a septiembre del 2021.
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En cuanto al paupérrimo estado financiero en el que quedaron las asociaciones afectas, no sólo disminuyó su liquidez considerablemente: de 50.000 euros que debería haber a escasos 400 euros. Aparte de impagos por valor de más de 44.000 euros.
Tras averiguarse su presunta implicación en los hechos, los agentes encargados del caso, la localizaron y detuvieron como presunta responsable de un delito de apropiación indebida, remitiéndose todo lo actuado a los Juzgados de Instrucción de Guardia de Alicante.
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