Las reacciones a la decisión del TC: del «gana España» al «golpe sin precedentes»

«La decisión del TC refuerza la confianza en el Estado de Derecho más allá de las prácticas de Pedro Sánchez», ha apuntado esta mañana la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, quien ha instado al Ejecutivo a llevar hasta el Consejo de Ministros un proyecto de ley si pretende continuar con su plan para acometer tales reformas.

Gamarra ha asegurado que lo «insólito» no es la decisión del tribunal de garantías, sino el hecho de que «el Gobierno piense que el Senado y el Congreso son ellos». También ha asegurado que lo acontecido en los últimos días pone de manifiesto que Sánchez «ha avanzado en su deriva autocrática y autoritaria». «España no aguanta una legislatura más con él como presidente (...) Nadie en este país se cree al presidente del Gobierno«.

El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, también ha trasladado que confía en que el acate la decisión del TC y no continúe con sus «desmanes» contra el Estado de derecho.

El presidente de Vox, por su parte, ha anunciado en el Congreso que su formación interpondrá una querella en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y el resto de miembros del Ejecutivo por su «maniobra» para controlar el Poder Judicial. «La eliminación de los derechos y libertades en democracia se hace de forma pausada durante meses», ha apuntado Santiago Abascal. No obstante, ha advertido que «no hay nada ganado» porque el Ejecutivo «es capaz de desoír» al TC -algo cuyos miembros ya han dicho que no harán-.

Mientras que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recalcado esta mañana su «satisfacción» ante el fallo del Tribunal Constitucional. «Se demuestra que no hay poderes absolutos ni mayorías absolutistas», celebra. No obstante, la dirigente liberal ha insistido en su preocupación por «los discursos del Gobierno» e incluso de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que sostiene que se le asemejan totalmente «palabra por palabra» a los que expresaron en 2017 durante la fase final del procés.

Opiniones al respecto que contrastan con la vertida por el propio PSOE y el resto de formaciones que le apoyan. Esta mañana el portavoz socialista Patxi López recalcaba que «el PP lleva cuatro años con el Poder Judicial secuestrado». «Jueces con el mandato caducado impidiendo su propia sustitución. Es una intromisión sin precedentes», apuntaba el exlehendakari vasco.

El dirigente socialista ha insistido en que «la derecha prefiere el caos institucional a reconocer su minoría parlamentaria». También ha insinuado contactos entre los partidos que conforman el llamado bloque de investidura para ofrecer una respuesta parlamentaria: «Es lo que estamos estudiando en este momento».

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también señaló anoche en una comparecencia pasadas las 00.00h que lo acontecido «no es un conflicto entre partidos», sino entre quienes cumplen «la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años». El dirigente socialista, que aseguró que se acatará la decisión, tildó a esta de «gravedad máxima» y pidió «tranquilidad» a la ciudadanía.

Más dura ha sido la reacción de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, quien a través de la líder de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, denunciaba que la «derecha política y judicial» consumaba «un golpe sin precedentes a la democracia». En los mismos términos se ha pronunciado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, asegurando que, en todo caso, son los jueces con un mandato caducado quienes tienen una «actitud sediciosa».

La formación morada ha defendido impulsar una nueva proposición de ley para reformar el Tribunal Constitucional con el objetivo de echar a los «magistrados atrincherados» en el organismo, que se han comportado como jueces «ultras». En esta línea, presentarán también alegaciones ante el propio Tribunal Constitucional contra la suspensión decretada ayer de la reforma que desbloqueaba su renovación, sin completar la tramitación parlamentaria en el Senado.

También el dirigente de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, salía al paso y pedía actuar «con firmeza», tanto desde iniciativas legislativas, recursos ante los tribunales y movilizaciones ciudadanas ante la decisión del TC.

El PNV, uno de los principales socios del Ejecutivo, considera que con su decisión de invadir «la soberanía parlamentaria» el Tribunal Constitucional demuestra que ha sido utilizado «para hacer política» y ha perdido toda su «credibilidad». Aitor Esteban, portavoz de la formación, ha señalado esta mañana en la Cámara Baja que los vocales del Tribunal Constitucional con el mandato caducado «deberían haberse abstenido».

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también cargó a última hora de la noche contra el TC, afirmando que este «amordaza» la Cámara Baja «elegidas por voto popular». También se pronunció al respecto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien acusó a «la derecha españolista de secuestrar las instituciones». El BNG, otro de los grupos que apoya en el Congreso a Sánchez, calificó como «verdadero golpe blando judicial» la decisión del Tribunal Constitucional.