El Congreso hierve a la espera del pleno del Constitucional

La situación es inédita porque nunca un grupo parlamentario con representación en las Cortes Generales había recurrido al Constitucional para que paralizara una norma en tramitación (el único precedente afecta a la celebración de un pleno del Parlament para Carles Puigdemont anunciara los pasos a seguir para declarar unilateralmente la independencia tras el referendum ilegal del 1-O, recurrido en octubre de 2017 por el PSC) . Y es altamente explosiva porque llega tras años de pugna entre el PSOE y el PP por el bloqueo del CGPJ y después meses de tensión por los obstáculos puestos por los vocales conservadores del Consejo a una renovación en plazo del Constitucional que, en condiciones normales, tendría ahora una mayoría progresista y no conservadora.

La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, acusó al Constitucional de estar «intentando entrometerse» en el Poder Legislativo con la convocatoria urgente del PP. Un recurso en el que los diputados populares argumentan que sus derechos se ven vulnerados con una «proposición fraudulenta» registrada como enmienda a un texto que se está tramitando por el procedimiento de urgencia, y no como iniciativa legislativa autónoma, para evitar dar audiencia a los órganos y sectores implicados , «evitar un debate público real e informado sobre las iniciativas» e incluso impedir que pueda ser modificada durante su discusión en la Cámara.

Montero recordó que en España no existe el recurso previo de inconstitucionalidad para este tipo de casos y tildó el momento de grave. «Estamos atravesando una situación que le debe preocupar al conjunto de la ciudadanía y espero que no se materialice un atropello a la democracia», afirmó incluso. En una línea similar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, subrayó que la soberanía popular reside en el Congreso y advirtió de que no se da ninguna de las condiciones para que el Constitucional acepte las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y suspenda la tramitación de las enmiendas porque ese tipo de medidas solo están justificadas cuando, de no tomarse, puedan producirse «daños irreparables».

También los portavoces de Unidas Podemos y del PSOE y otros socios del Gobierno apuntaron en una dirección similar. «Desde hace tiempo la deriva de la derecha de este país es preocupante, pero esta maniobra que trata de impedir que el Congreso cumpla con su papel me parece un salto cualitativo que viene a confirmar su carácter antidemocrático», dijo el socialista Patxi López. Pablo Echenique, a su vez, argumentó que «estamos al borde de que el Constitucional diga que el Parlamento es ilegítimo para legislar». Y el líder de Más País, Iñigo Errejón, habló de «escándalo».

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, adujo en una entrevista en Telecinco que su partido tiene la conciencia muy tranquila y que su objetivo es defender el Estado de Derecho. «La oposición no solo tiene que hacer oposición al Gobierno sino que tiene que garantizar la democracia en nuestro país», dijo. En la Cámara baja, su portavoz, Cuca Gamarra también abundó en la misma idea. «Se está legislando sin garantías y nuestra obligación es defender nuestros derechos que son los de 47 millones de españoles», remachó.

Que los partidos utilicen leyes en tramitación para colar normas polémicas sobre materias que no tienen nada que ver vía enmienda no es nuevo. También los populares lo han hecho en múltiples ocasiones. El Constitucional ha dictado numerosas sentencias advirtiendo de lo inadecuado de ese procedimiento pero siempre han sido sentencias declarativas a toro pasado y nunca han implicado la anulación de la ley en conflicto.