El Gobierno da la puntilla al Trasvase: Ribera aprueba recortar los recursos al Tajo-Segura

La falta de estos recursos hídricos para Alicante, Murcia y Almería sería catastrófico, con pérdidas de más de 27.000 hectáreas de regadío, 5.692 millones de euros y 15.300 puestos de trabajo, además de incrementar en 2027 el déficit estructural de la cuenca del Segura a 309 hectómetros cúbicos.

Pero el Gobierno no quiere ni oír hablar de mantener el Trasvase Tajo-Segura. Continúa con su hoja de ruta, que no pasa para nada por el mantenimiento de la infraestructura hídrica. Ni siquiera la movilización del sector agrícola este miércoles en Madrid le ha hecho variar mínimamente su postura.

Ribera ha destacado que «es preciso en España anticipar soluciones a los problemas con el agua derivados de una disminución importante de la disponibilidad de recursos hídricos».

La nueva planificación hidrológica del Ministerio trabaja «por primera vez» sobre la hipótesis de escenarios extremos de inundación o de sequía prolongada. Esta situación se plasmará en los nuevos planes de cuenca de las demarcaciones hidrográficas que el Consejo de Ministros todavía tiene que aprobar.

El borrador que maneja el Ministerio es de aumentar hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo en 2027, lo que haría inviable cualquier aportación al trasvase. En su lugar, indica Ribera, el Gobierno va a destinar «la mayor cantidad de recursos jamás destinada», de 8.000 millones de euros, a infraestructuras hidráulicas, como la desalación, la reutilización o la conexión entre desaladoras.

De esta cantidad, 1.100 millones son inversiones en infraestructuras en Murcia; 540 millones para inversiones en Alicante y más de 44 millones en Almería para que a lo largo del tiempo, el efecto de estas inversiones permita «garantizar» el acceso al agua con 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante.

Ribera ha insistido en la necesidad de encontrar soluciones para garantizar no solo el suministro de agua de boca, sino también la agricultura de «manera eficiente, inteligente y para que siempre haya recurso disponible».

Ribera ha explicado que la reducción del caudal transferible en el trasvase Tajo Segura se produce porque estaba pendiente ejecutar cinco sentencias del Tribunal Supremo. Estos fallos condenan al Estado porque no existía un caudal ecológico para el río Tajo, que está compartido con Portugal y cuando se hizo el cálculo del caudal que correspondía era «muy difícil de absorber desde el primer día».

Así, ha precisado que «fruto del esfuerzo» entre regantes, las comunidades autónomas afectadas y el Gobierno se encontró un caudal ecológico que empezará a subir a partir de 2025 para conseguir el objetivo de caudal ecológico en 2027.

Sin embargo, los regantes del Trasvase rechazan frontalmente las intenciones del Gobierno. De hecho, van a manifestarse este miércoles a Madrid en protesta por los planes del Gobierno.

Tampoco la Generalitat Valenciana. El presidente, Ximo Puig, ya ha alzado la voz contra la intención del Ministerio de elevar este caudal ecológico.

La ministra confía en cumplir con los plazos en infraestructuras para que cuando el caudal ecológico empiece a subir de forma importante, o sea, dentro de tres años, se pueda aportar más de 120 hectómetros adicionales disponibles para Alicante, Murcia y Almería. «Está en nuestra mano el que esta sea definitivamente una solución para todos los territorios», ha valorado la vicepresidenta.

Ribera insiste en que también hay que trabajar con los regantes para que el precio que paguen por el agua sea razonable y no distorsione su capacidad de utilización del agua en la agricultura.

Confía en que, a través de los Presupuestos Generales del Estado, se cubra una «muy buena parte» del precio del agua desalada. Asegura en esos 8.000 millones de euros de inversión se invertirá en energías renovables para que el coste de la energía de desalar agua se reduzca «drásticamente».

En todo caso, en tanto esas inversiones estén plenamente operativas, el Gobierno va a seguir habilitando vía Presupuestos Generales del Estado una transferencia de recursos para garantizar un precio del agua desalada estable.