Puig elige bando en el Tajo-Segura: «Es inaceptable» el cambio de criterio del Gobierno

No ha sido hasta ahora cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha puesto pie en pared. Puig, que siempre ha abogado por el diálogo y contra reavivar la II Guerra del Agua, ha pasado a la acción. Teme que el Gobierno central, de su partido, le ponga una bomba electoral a las puertas de los comicios autonómicos.

Por ello, ha elegido bando y augura «apoyo permanente a los regantes» del Trasvase frente al Ministerio de Transición Ecológica y al Gobierno. El jefe del Consell considera que «es inaceptable» la intención del departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera de modificar el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Agua.

Este documento preveía un aumento de los caudales ecológicos en el Tajo de 6 a 7 hectómetros cúbicos, aunque siempre con variables en función de la calidad ambiental del río. Además, contenía un compromiso para invertir mil millones de euros en depuración en el Jarama y 600 para desalinizadoras y plantas fotovoltaicas en Alicante.

No hay nada oficial, pero el mosqueo de la Generalitat con el Gobierno es enorme. Al parecer, el borrador enviado al Consejo de Estado elimina el decreto ley aprobado por el Consejo del Agua. En cambio, promovería un aumento progresivo de los caudales ecológicos del Tajo hasta los 8,6 hectómetros cúbicos en 2028.

«Es inaceptable», reitera Puig, «va en dirección contraria a la transición que facilite agua para siempre». El presidente de la Generalitat Valenciana exige una «rectificación» al Gobierno sobre el «cambio de posición respecto al Consejo del Agua».

La Generalitat Valenciana ha solicitado audiencia a la presidenta del Consejo de Estado para «conocer de primera mano la redacción final que ha llegado al citado órgano consultivo sobre el proyecto de Real Decreto de diversos planes hidrológicos», entre ellos el que afecta al trasvase Tajo-Segura, «y poder así presentar las alegaciones que se consideren necesarias».

«Cualquier modificación o supresión» del acuerdo alcanzado en el Consejo del Agua, «que figure en ese último borrador de Decreto Ley que ya obra en poder del Consejo de Estado, encontrará el más firme rechazo por parte del Consell».

En caso de incumplimiento, «la Generalitat emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo Segura y apoyar así las justas demandas de los regantes alicantinos», explica el Consell en un comunicado.

El presidente lo dice también bien claro: «Tenemos una posición racional y razonable para garantizar el agua y los miles de puestos de trabajo que genera el Trasvase sin atentar frente a ningún derecho» y ha mostrado su «apoyo permanente a los agricultores».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también se ha referido a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y de la empresa pública Acuamed, con la gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.

El jefe del Consell expresó su «rechazo frontal a esta decisión», al tiempo que hizo un llamamiento al Gobierno «para que reconduzca la situación y reconsidere su postura, porque estamos hablando de un territorio donde la agricultura juega un papel muy importante y, en consecuencia, es especialmente sensible al precio del agua».

Puig considera que la actual coyuntura «no hace aconsejable en absoluto una decisión de esta naturaleza» y exige al Ejecutivo que «mantenga la subvención al agua desalada para que resulte asequible a los regantes».