La mala alimentación y la falta de actividad física explican que más de un tercio de los escolares sufran sobrepeso. Esta situación ha llevado al Ministerio de Consumo a trabajar en una norma que afectará a los centros educativos de todo el país. Se trata prohibir la venta de productos altamente azucarados, como puedan ser bollería industrial y las bebidas refrescantes, al igual que las de tipo energético, tanto en las máquinas expendedoras como en las cafeterías de colegios e institutos.
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La futura norma quiere restringir aquellos productos que incumplan ciertos criterios nutricionales, como el hecho de que superen una cantidad máxima de cinco gramos de azúcar por porción envasada, o a aquellos que tengan elevados contenidos en grasas y sal. La venta de bebidas energéticas también quedaría restringida, y es que los expertos desaconsejan que sean consumidas en edad pediátrica.
De salir adelante tal y como está planteada la norma, el valor energético de cada porción envasada o comercializada que sea vendida en centros educativos debería ser de 200 kilocalorías como máximo, siguiendo así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Voces expertas consultadas por TodoAlicante resaltan la idoneidad de la medida, aunque la consideran «insuficiente» para abordar el «preocupante» repunte de las tasas de obesidad que presenta nuestro país en los últimos años, especialmente entre la población infantojuvenil. Así lo considera la docente en el grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante Ana Zaragoza, que propone extender la medida a otros entornos, como hospitales y demás centros sanitarios.
La experta cree que la medida tendrá un efecto «parcial» si no viene acompañada de una profunda concienciación sobre los beneficios de una dieta saludable, algo que también atañe a las familias. «Si prohibimos la venta de dulces en los colegios, pero al acabar las clases el padre o madre recibe al menor con bollería o bebidas de escaso valor nutricional, no estaremos abordando el problema de raíz».
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Ana Zaragoza
Docente en el grado de Nutrición de la UA
En ese sentido, considera que la concienciación debe ir dirigida tanto a familias como a alumnos, en el caso de estos últimos, introduciendo la nutrición como una asignatura más en el plan de estudios.
Zaragoza también cuestiona los criterios que plantea Consumo para la restricción de productos poco saludables. En ese sentido, asegura que no solo el aporte calórico debe ser tenido en cuenta, sino también el nutricional, y es que hay alimentos como los frutos secos que aunque excede el límite de kilocalorías dictado en la propuesta, tienen un alto valor nutricional, y por lo tanto no se debería prohibir su venta.
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Más allá del contenido en máquinas de vending y oferta en cafetería, la investigadora de la UA también pide a la Administración que vigile con celo los menús escolares. Su configuración recae en manos de las empresas que gestionan estos servicios, para cuya adjudicación deben cumplir con un pliego de condiciones.
En esos documentos se establece una serie de ítems nutricionales que deben regir el contenido de los menús, pero que en ocasiones actúan más como recomendación que como requisito. «Para velar por su complimiento, se necesitan más recursos y la aplicación de políticas más efectivas por parte de la Administración», explica la nutricionista.
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