José Antonio Giménez Ruiz es catalán, catedrático de universidad y ha sido profesor tanto en varios centros educativos -entre ellos la Universidad Miguel Hernández- como director del instituto Antonio Sequeros de Almoradí, en la Vega Baja, durante más de veinte años. Así, con toda ... una vida dedicada a la docencia, tiene una opinión muy clara con respecto a la «imposición» del valenciano en las aulas.
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Habla en nombre de la plataforma Docentes por la Libertad Lingüística, de la que es portavoz, y que califica como «discriminatorio» que los alumnos y alumnas que en su día a día, su casa y todos los entornos en los que se mueven «solamente escuchan el español» tengan que estudiar materias en valenciano. Asegura que cursar asignaturas «en una lengua que no es la suya» supone «una dificultad añadida» para ellos y ellas.
José Antonio explica que desde la plataforma consideran que «este sistema de inmersión lingüística es una gran mentira» y que «obedece a un modelo ideológico político» que en realidad no vela por los intereses de los estudiantes. Expone que el Consell defiende que los niños «ya controlan el idioma» porque «se ha ido introduciendo en las escuelas desde los tres o cuatro años», pero que esta afirmación es «es otra mentira».
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Y es que la ley 4/18 por la que se regula y promueve el plurilingüismo ha llevado a los centros educativos de toda la provincia de Alicante -y de la Comunitat Valenciana- a impartir un mínimo del 25% de los contenidos en lengua valenciana. Esto, según la postura de José Antonio, supone «un esfuerzo adicional» tanto para los estudiantes como para los profesores que no están familiarizados con el valenciano.
De acuerdo con Docentes por la Libertad Lingüística -que está compuesta en un 80% por profesores de la Vega Baja que imparten clase desde Infantil hasta en universidades-, en las escuelas de esta comarca y otras zonas denominadas 'castellanohablantes', los maestros y maestras «intentan salvar el tema como pueden».
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El motivo principal, expone el portavoz de la plataforma, es que «no se sienten cómodos» dando clase en valenciano porque «no lo dominan» y además ven cómo sus alumnos tienen «problemas de aprendizaje» al emplear dicha lengua. En este sentido resalta que «la inmersión no se da por imposición» y que «la defensa del valenciano no puede suponer un menosprecio al español» en el sistema educativo.
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Y «el problema», defiende, ya no son solo los alumnos alicantinos que residen en áreas 'castellanohablantes' como la Vega Baja, sino también los que provienen de otras zonas de España o incluso extranjeros de otros países que se integran en el sistema educativo en centros de Alicante «y que ya tienen dificultades para hablar el español» como para además «asumir la obligación» de tener que estudiar en valenciano.
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De esta forma, asegura, el sistema de inmersión lingüística «se ceba con los más vulnerables». Entre ellos incluye a los estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión o tienen un nivel «socioeconómico» muy bajo. ¿Por qué? Porque, según explica, «las familias que tienen buen nivel económico en casa pueden permitirse llevar a sus hijos a academias» para que refuercen el valenciano y puedan estudiar las asignaturas que se cursan en esta lengua, mientras que «las personas más desfavorecidas» no cuentan con ese recurso y tienen más posibilidades de verse abocadas «al fracaso escolar».
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