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Tras el acuerdo del Consejo de Ministros, el miércoles 12 de febrero se publicaba en el BOE el Real Decreto que fija el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.184 euros al mes distribuidos en 14 pagas, unos 700 euros anuales más al año y una subida final del 4,4% interanual. Una cantidad ligeramente por debajo de las exigencias de los sindicatos pero por encima de las de la patronal.
Un incremento que no ha estado exento de polémica. Desde 2018 el SMI ya ha aumentado un 60,9%, unos 6.273,4 euros más anuales. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha alertado de que el nuevo SMI tendrá un coste de 80 euros más al mes por trabajador para las compañías.
De hecho, según el tipo de cotización, las empresas tendrán que pagar muy por encima del salario que recibe el trabajador, que habrá de tributar en el IRPF al traspasar el rango salarial, una decisión que ha enfrentado al Gobierno con sus socios de coalición.
La nueva subida del salario mínimo afectará a varios sectores con especial incidencia en la provincia de Alicante, como la hostelería o la agricultura. Es este último el que ha alzado la voz por lo que consideran un nuevo mazazo al campo, que tendrá incidencia en muchas de las explotaciones alicantinas de minifundio.
Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) denuncian que el SMI ha vuelto a elevarse «sin ningún tipo de acuerdo con la patronal», un incremento que desde el 2016 ha sido del 80%, según destacan desde la asociación agraria, que lo califican de «inasumible».
Asaja asegura que esta nueva subida «va a llevar al límite a muchas explotaciones agrícolas», en lo que consideran un nuevo «golpe insostenible» para el sector. Asaja critica que a pesar de que el salario será de 1.184 euros mensuales repartidos en 14 pagas, el «coste real para el empresario agrícola será de 1.925 euros por empleado».
En este sentido Asaja detalla que de este importe «el trabajador verá descontados 720 euros en cotizaciones e IRPF, un aspecto que el Gobierno de España no aclara y que afecta directamente a los asalariados del campo». Es por ello que vuelven a insistir en «bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para amortiguar esta subida», una reclamación que vienen realizando «sin éxito».
El campo atraviesa una grave crisis estructural. La pérdida de cosechas por la sequía y las altas temperaturas es solo la punta del iceberg para este tensionado sector. Desde Asaja expresan que la subida de costes de electricidad, gasóleo y fertilizantes están siendo «exponenciales» y detallan también que la reforma laboral «limita la contratación flexible en campañas agrícolas».
Además, a otros problemas tales como la competencia desleal o la entrada de plagas foráneas se le suma la nueva norma más reciente que quiere llevar a cabo el Gobierno de Sánchez, la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, «que agravará aún más la falta de mano de obra», resaltan desde Asaja.
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