Agricultura
El 2023 se ha revelado como un año complicado, otro más, para el campo alicantino. El sector agrícola ha vuelto a hacer frente a condiciones meteorológicas adversas, así como al recorte de los recursos hídricos con el hachazo al trasvase Tajo-Segura. La sequía ha causado estragos en los cultivos, que siguen sin levantar cabeza y con datos inferiores a los promedios de los últimos años.
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Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de la Comunitat explican que los elevados costes de explotación y las adversidades climáticas dejarán disminuciones de la cosecha. Se prevé que para el cierre de 2023 el sector registre cifras inferiores a la media de los últimos diez años.
Según detallan en la asociación, cultivos claves en la provincia de Alicante como son el olivar, la uva para vinificación o los cítricos de la Vega Baja serán los más afectados, a los que se le suman el arroz, característico de Pego, o las cosechas de caquis.
Los cultivos de cítricos son claves para el sector agrícola del sur de la provincia. En esta zona se cultiva el 40% del limón de España, unas 400.000 toneladas anuales repartidas en las más de 30.000 hectáreas de cítricos. Los agricultores llevan meses advirtiendo de los problemas que están teniendo para vender su producto a precios justos, así como de la bajada de la cosecha. De hecho, desde la Conselleria de Agricultura prevén una producción «un 17% inferior al promedio de las últimas diez campañas» en la Comunitat.
Entre los principales problemas que reseñan desde la asociación agrícola se encuentran «los elevados costes de producción, combinados con unos precios de origen insuficientes», además de la «la competencia desleal de países terceros».
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El sector ganadero no está mucho mejor. Según explican en Asaja, «los ganaderos siguen sufriendo una crisis sostenida de rentabilidad». Una situación que se traduce en «un incremento de la superficie dejada de cultivar, que sube ya a 171.000 hectáreas».
Ya son varios los comunicados que han emitido desde la organización sindical para criticar las duras leyes de la Unión Europea con los productores locales, especialmente en términos de exportación. En este sentido, desde Asaja piden «reciprocidad» a la hora de aplicar todos los tratados que suscribe la Unión Europea para evitar este tipo de prácticas«.
Y es que el sector recibe gran parte de sus ingresos del comercio exterior. Según datos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de su último informe de Coyuntura relativo al tercer trimestre del 2023, al cierre del mes de septiembre la Comunitat tuvo en las 'frutas, hortalizas y legumbres' su principal fuente de ingresos exportadores, con un avance del 6,1% interanual en un contexto de «caída generalizada» en las ventas exteriores.
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«El sector continúa atravesando una coyuntura especialmente compleja», explican desde Asaja, donde remarcan que la caída de las cosechas hace presagiar «un descenso en el empleo, las ventas nacionales y las exportaciones» para los meses venideros.
De cara al 2024, desde la asociación agraria vuelven a insistir en el incumplimiento «sistemático» de la Ley de Cadena Alimentaria. La organización demanda al Gobierno «medidas que minimicen los costes de producción» y piden fijar un «precio especial para el kilovatio agrario, la posibilidad de hacer dos cambios anuales de potencia contratada y la eliminación del tope del gas en el sector agrario».
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Al mes de noviembre y según los datos del Minsiterio de Trabajo, hay 4.746 cotizantes en la rama de 'Agricultura, ganadería silvicultura y pesca' en la provincia de Alicante, unas 50 personas más que el mismo mes del anterior año. Eso si, la cifra ha experimentado una bajada de 40 afiliados respecto al mes de octubre.
Desde la CEV advierten de que en la Comunitat, las ramas de actividades primarias «acumulan retrocesos en ocupación y pérdidas en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social», y las expectativas de Asaja no incitan al positivismo en términos de empleo para el sector.
Además, desde el sector se muestran «preocupados» con la «persistente» reducción de fitosanitarios para combatir plagas y enfermedades que asolan los cultivos y solicitan que «no se suprima esta materia mientras no haya alternativas viables».
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