Nuevo choque entre Generalitat y Gobierno por la ventanilla única que regulará los registros de alquileres turísticos

Nuevo choque frontal entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez por los apartamentos turísticos y su gestión. Tras unas semanas de intensas protestas por los altos precios del alquiler, que han alcanzado máximos en Alicante y en muchas otras capitales de España, comparecía la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para tratar de enfriar los ánimos e insistir en su compromiso contra estas rentas al alza.

Hace una semana el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que regulará la recogida y el intercambio de datos de alquileres y alojamientos de corta duración, de temporada y turísticos.

Una propuesta que no ha gustado al Consell, que tiene las competencias en materia turística. En este sentido la máxima responsable del área de Turismo, Nuria Montes, ha acusado al Gobierno de «invadir las competencias de la Generalitat y aprobar esta ventanilla para viviendas de uso turístico sin consultar previamente a las comunidades autónomas«.

La ventanilla establecerá un sistema de registro que otorgará una especie de número de identificación para que los propietarios puedan comercializar estos alquileres de uso turístico. Una licencia que ya otorga la Generalitat. Llega unos meses después de la nueva ley en materia de vivienda turística lanzada por el Consell, que endurece las sanciones contra los apartamentos ilegales.

Así, Montes ha manifestado su disconformidad en un comunicado y ha solicitado «la retirada de su tramitación» y la negociación que garantice «un debate más amplio y la participación de las comunidades autónomas en la definición de esta normativa». La titular del área ha lamentado «la falta de comunicación por parte del Ministerio y presentará una batería de alegaciones contra dicho proyecto.

La consellera ha recordado que «el Ejecutivo central ocultó en todas las reuniones previas la tramitación de este proyecto, y que aún no sé ha convocado una conferencia sectorial específica para abordar el problema». Es por ello que insiste en que en esta regulación «se observa una clara indefinición de lo que se considera como alojamientos de corta duración y ello especialmente cuando la LAU no establece un plazo temporal para los denominados arrendamientos para uso distinto del de vivienda».

Montes critica la «confusión que existe en el texto debido a la variedad de autorizaciones, licencias, visados o equivalentes que pueden darse» y lamenta que este proyecto «se tramite con tanta premura», por lo que insta a que las comunidades autónomas sean consultadas.

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