Las ITV avisan: la Generalitat no está preparada para asumir la gestión

Una decisión que dejará de lado al sur de la provincia de Alicante. Gran parte de la Vega Baja y las comarcas del Vinalopó se quedarán sin estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), afectando a más de 300.000 conductores. Localidades como Santa Pola, Pilar de la Horadada, Elda, Monóvar y Orihuela, entre otras, dejarán de tener este servicio.

La Generalitat asumirá el mando de los talleres repartidos por la Comunitat entre el 23 de febrero y principios de marzo. Una fecha para la que la empresa pública que pasará a ser la gestora de las ITV «no está preparada», según afirma la asociación que agrupa los concesionarios.

«Nadie da una hoja de ruta a las empresas, que esperan instrucciones», denuncia Aecove, quienes aseguran que «a pesar de existir resignación, queremos una transición tranquila». Y es que tras 25 años prestando servicio, las gestoras de estas inspecciones se harán a un lado para que la Sociedad Valenciana de ITV sea la que se encargue de los trámites.

Además, la patronal ha remarcado que debido a la «falta de planificación», habrá varios días en los que «convivirán dos modelos de gestión», una situación que, de acuerdo a la asociación, afectará directamente a «la operatividad y a la calidad del servicio».

La Sociedad Valenciana de ITV no está preparada para asumir el mando de estas operaciones. O al menos así lo manifiestan desde Aecove, quienes aseguran que «la falta de personal y de licitación de los servicios básicos» son los grandes problemas de la nueva rama de la Generalitat.

«El Consell anunció que la empresa pública subrogaría a todos los trabajadores, pero no se han realizado todavía las auditorías individualizadas correspondientes a cada trabajador», explican desde la entidad agrupadora de servicios. Actualmente, la plantilla cuenta con 1.200 empleados en toda la Comunitat.

«Estos trabajadores no están ligados a un convenio único, sino a siete lotes que son los que gestionan las ITV», subrayan desde la asociación, que señala que sería necesario «un convenio sectorial para todos los trabajadores y tras la autoría correspondiente».

Además de lo citado, a las empresas les han surgido dos nuevos problemas. A principios de año la Conselleria de Economía anunció la eliminación de la prueba de ruido. «Antes de que termine el contrato han suprimido esta prueba, que aporta unos ingresos considerables», remarcan en Aecove, que asegura que es una decisión «caprichosa y a destiempo».

La entidad advierte que la supresión de este tipo de prueba, que exigirá Europa obligatoriamente en un futuro cercano, traerá la supresión de unos 300 empleados, un 20% de la plantilla de las gestoras de ITV.

«A parte del tiempo que forzó el estado de alarma a las estaciones a estar paradas hay que tener en cuenta la recuperación de la normalidad y todo el trabajo acumulado», explica la entidad en lo relativo a la pandemia y al parón operativo de estas empresas.

La supresión de la prueba de ruido ha traído consigo una nueva problemática respecto al tiempo de prolongación del contrato. Las empresas pedían seis meses para poder finalizar sus servicios con normalidad tras el Covid. Una petición que la Generalitat ignoró y tan solo accedió a entre 50 y 60 días de prórroga.

Ahora, con la eliminación de este proceso, las empresas concesionarias piden 15 meses para poder asumir los costes de su supresión. «Una tarifa media sin prueba se sitúa en torno a los 35 euros, mientras que el margen unitario por inspección queda en 3,61 euros, con un IPC del 6% el plazo de prórroga debería ascender a lo solicitado», explican desde Aecove.

Desde la asociación agrupadora de ITV instan al President y a la Generalitat a recapacitar sobre la reversión y a fijar la finalización de las concesiones de manera «sensata y razonable».

Una situación cuanto menos compleja que tiene a ambos lados de la moneda enfrentados a cara de perro. Las empresas aseguran que quieren una transición tranquila, mientras que la Generalitat busca comenzar a operar en menos de un mes. Un problema que vuelve a tener a la provincia de Alicante en medio, en el punto de mira.