La Generalitat blinda las viviendas públicas de Alicante ante el aumento de okupas

Desde la Generalitat han intesificado las medidas para evitar la ocupación ilegal en las viviendas públicas repartidas por la Comunitat. Para ello se invertirán en el año más de 850.000 euros para la insatalación de medidas de seguridad como alarmas o puertas antivandálicas y seguridad privada.

Así lo ha explicado el secretario autonómico de Vivivenda, Sebastián Fernández, quien destaca que este fenómeno «está afectando a muchos propietarios que se encuentran desamparados por una legislación del Gobierno de España que no da seguridad jurídicas ni garantías» y asegura que es «un grave problema que afecta al mercado de la vivienda».

Desde la Generalitat indican que en numerosas ocasiones las actuaciones de valoración y reparación de inmuebles que llevan a cabo desde la EVha «no pueden completarse porque algunas viviendas son asaltadas u ocupadas durante estos periodos de adecuación, imposibilitando así su adjudicación a las familias necesitadas».

Es por ello que volverán a llevar a cabo medidas de seguridad contra la ocupación ilegal. Tan solo en 2024 se han instalado 223 puertas antivandálicas por 100.000 euros. «Sin embargo, la instalación de estas puertas, a veces se ha revelado insuficiente y ello obliga a poner en marcha nuevos mecanismos de control para evitar los asaltos y usurpaciones», lamentan desde la conselleria.

Es por ello que han contratado sistemas de seguridad junto con la instalación de 250 alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico con el fin de evitar que puedan ser asaltadas de forma ilegal. Estos sistemas cuentan con conexión a una central de alarmas y con aviso inmediato a la policía. Un servicio que asciende hasta los 125.000 euros. Cabe destacar que una vez que esta vivienda se rehabilita la alarma se utiliza en otra en proceso de construcción.

Por otra parte, en algunos edificios de vivienda pública se ha contratado seguridad privada 24 horas para evitar actos vandálicos, o la ocupación de edificios finalizados mientras se realiza la adjudicación de las viviendas. Una vez se detectan a los okupas desde la EVha «se requiere de forma inmediata el desalojo y se inicia un expediente administrativo para este».

Desde la conselleria explican que «en estos casos, o cuando la ilegalidad es reiterada o cuando se tiene constancia de que la ocupación viene derivada del tráfico ilegal de viviendas o actividades delictivas, se interpone una denuncia por usurpación» y destaca que este hecho «avtiva las diligencias urgentes del juzgado, celebrándose un juicio rápido y desalojando de inmediato a los ocupantes».

El secretario de Vivienda ha asegurado también que las conductas incívicas «generan numerosos problemas de convivencia en los bloques de viviendas públicas, inseguridad para los inquilinos de viviendas sociales y un sobrecoste a la administración autonómica, que se ha visto obligada en los últimos años a redoblar esfuerzos implementando mecanismos de prevención».

Fernández ha indicado que esto es un «perjuicio para muchas familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda a las que la administración no puede entregar estas viviendas» y vuelve a remarcar que desde el Consell »trabajamos intensamente para no tolerar nuevas ocupaciones ilegales, ya que vulneran los derechos de muchas personas, impiden la adecuación y rehabilitación de las viviendas y además suponen un riesgo por falta de seguridad para sus ocupantes y el resto de los vecinos».

• Temas
• Okupas
• Vivienda (sector)