Clara Alba / TodoAlicante
Martes, 21 de enero 2025, 21:02
Movimiento de gran calado empresarial, y también simbólico, de Banco Sabadell. La entidad presidida por Josep Oliu ha tomado la decisión de regresar a Cataluña más de siete años después de trasladar su sede a Alicante como consecuencia de la tensión política del 'procés' independentista de 2017, que culminó con el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia.
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Fuentes conocedoras confirman a este periódico que la decisión –adelantada por el diario ABC– está tomada y se aprobará en un consejo de administración extraordinario que se convocará de forma inminente, previsiblemente este mismo miércoles.
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El banco de origen catalán se convertirá así en el primero de los grandes del Ibex-35 en devolver su sede social a la región, de donde también salieron otros gigantes empresariales del país, como Naturgy o CaixaBank.
Frente a la compleja situación vivida entonces, las condiciones son ahora totalmente distintas. Con Salvador Illa (PSC) al frente de la Generalitat y el empresariado catalán dispuesto a recuperar influencia en todo el país en un clima político más favorable, Sabadell ha visto el momento oportuno para volver a la comunidad que le vio nacer en 1881.
No hay que pasar por alto, además, que la decisión llega en un momento de máxima relevancia por la opa hostil que BBVA lanzó sobre la entidad de origen catalán el 9 de mayo de 2024. Una operación que ha generado un firme rechazo no solo dentro del Gobierno, sino también en buena parte de la sociedad, los sindicatos y las principales organizaciones empresariales catalanas.
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Tras conocerse la decisión, desde el Consell aseguran que no pueden más que «respetar la decisión de la empresa en el ejercicio de su libertad para fijar su sede donde considere».
Aseguran fuentes del Consell que los directivos de la entidad le han trasladado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que «su compromiso con la Comunitat Valenciana y su tejido económico se mantiene intacto, con independencia de dónde establezca su domicilio social».
En ese sentido, los directivos de la entidad habrían «garantizado» al gobierno valenciano que ni la red de oficinas ni los puestos de trabajo en la Comunitat en absoluto están afectados por esta decisión.
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