La nueva PAC indigna a los agricultores: bocado a las ayudas, menos producción y más requisitos medioambientales

Y es que la creación de la PAC -en 1962- tenía como objetivo apoyar al sector para que mejore su rentabilidad y pueda trabajar de forma sostenible. Sin embargo, desde Asaja Alicante aseguran que la de este 2023 «no apuesta por la productividad ni la mejora» de la producción y además plantea unos «ilógicos requisitos medioambientales y digitales». Aseguran que su implantación, así como la decisión de «dificultar la burocracia», dejará fuera «a cientos de agricultores alicantinos» que no van a poder cumplir con «las nuevas obligaciones».

Un reto al que se enfrentan día a día los agricultores autónomos es conseguir producir de forma sostenible, ya que les supone un encarecimiento de costes y un «esfuerzo añadido», tal y como explican desde la asociación agraria alicantina. Así, su presidente, José Vicente Andreu, califica como un sinsentido que «en el año de la guerra de Ucrania -con su consecuente incremento en los insumos-, de la inflación» y «de la amenaza de finiquitar el trasvase Tajo-Segura», se apruebe una una Política Agraria Comunitaria que deje a los agricultores «más desprotegidos frente a países terceros».

El responsable apunta que a los trabajadores del campo se les exige que reduzcan en más de un 50% «los productos fitosanitarios» y que además se les ponen «trabas en el uso de fertilizantes». Por ello, el responsable agrario manifiesta su preocupación por no poder garantizar la seguridad fitosanitaria -que es la prevención y curación de las enfermedades de las plantas- , ya que eso «comprometerá aún más la seguridad alimentaria de los ciudadanos».

Además, esta nueva PAC establece que todos los agricultores y ganaderos han de llevar un cuaderno digital donde deben apuntar todas las operaciones y tratamientos fitosanitarios que realicen cada 15 días. Para ello, según Asaja Alicante, los trabajadores necesitarán contar con tecnologías más avanzadas o con un apoyo continuo de gestores que puedan dedicarse a tal fin.

Asimismo, el presidente de la asociación agraria alicantina indica que las nuevas exigencias les impiden competir en igualdad de condiciones con los agricultores de otros países y que, además, desde la asociación esperan una «menor productividad de las cosechas». Esa situación, según comenta, podría traducirse en un incremento del precio de las frutas y hortalizas y, por consecuencia, «afectar al consumo».

Además, uno de los requisitos que incluye la nueva Política Agraria Comunitatia es que los agricultores estén dados de alta como autónomos en el régimen agrario. Así, tal y como expone el economista y técnico de Asaja Alicante Lorenzo Chinchilla, «muchos agricultores alicantinos se quedarán fuera» ya que en la provincia de Alicante «predominan los minifundios, el agricultor a tiempo parcial y los autónomos en el régimen general porque se dedican a otras actividades».

Asimismo, los agricultores deberán acogerse a los eco-regímenes a pesar de ser de voluntario cumplimiento, tal y como recalca el experto. ¿Por qué? Porque si no se llevan a cabo, los beneficiarios perderán de entrada el porcentaje -de casi el 25%- del importe de sus ayudas tras la eliminación del pago verde.

Estos regímenes 'voluntarios' incluyen prácticas de pastoreo extensivo en superficies de pastos, rotaciones de cultivos y siembra directa -en las tierras de cultivo- y cubiertas vegetales o inertes en los cultivos leñosos, así como siega sostenible de los pastos. En este sentido, como destaca Lorenzo Chinchilla, la aplicación de las nuevas ordenaciones «supondrá más gastos en la explotación» y probablemente también «un menor rendimiento de los cultivos», con un recorte de los ingresos diferentes a las ayudas de la PAC.

Otro de los asuntos que recoge la Política Agraria Comunitaria es la prohibición de la corta y poda de los árboles y setos entre los meses de marzo y agosto. Asaja asegura que esta normativa perjudica de forma directa «al cítrico y al olivar, dos cultivos emblemáticos en la provincia de Alicante».

La asociación califica esta decisión como «un nuevo revés para el cultivo del olivar alicantino», después de que el pasado noviembre la Unión Europea firmara un convenio con Marruecos por el que Bruselas traspasaría 115 millones de euros para que el país norteafricano plante, entre otros árboles, 600.000 nuevos olivos; y tras registrar un «año negro» con un «preocupante descenso» de la producción de más del 53% y unas pérdidas económicas del 50,8%.

Por todas estas razones, Asaja Alicante ha decidido realizar nuevas jornadas agrarias informativas para acercar la actualidad del sector a sus asociados y brindar asesoramiento frente a los «grandes cambios que plantea la nueva PAC». Las próximas tendrán lugar en Planes el 24 de enero, en Villena el 2 de febrero en y La Algueña el 7 de febrero.