Los empresarios se sienten «engañados» con el Gobierno y el Consell por el recorte en el Tajo-Segura

El Consell y el Gobierno habían anunciado un acuerdo por el cual se aumentaba de 6 a 7 metros cúbicos por segundo el caudal ecológico en el Tajo. A cambio, se prometía una inversión de 1.000 millones de euros en depuración de aguas en Aranjuez. Y que estos niveles medioambientales serían revisables año tras año.

La sorpresa en el Consejo Nacional del Agua de este martes fue que el aumento de los caudales ecológicos será progresivo hasta alcanzar los 8,6 metros cúbicos en 2027. Este sería el fin del Trasvase.

Las dos entidades estiman necesario reunirse «de forma urgente» con los responsables públicos autonómicos «para conocer el motivo de esta decisión y en qué situación queda el acuerdo previo por el que se va iba a dejar el caudal ecológico del Tajo a 7 metros cúbicos en lugar de a 8,6». En concreto, la disposición adicional novena del proyecto de Real Decreto de revisión de los Planes Hidrológicos de las distintas cuencas.

Los representantes de la Generalitat en el organismo se abstuvieron en la propuesta relativa al Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, al no estar de acuerdo con el horizonte previsto para los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez ni con los posibles escalones que podrían llegar a fijar ese caudal en 8,6 metros cúbicos por segundo a partir de 2027.

CEV y Asaja sostienen que es «necesario manifestar claramente» que esa abstención «deja en evidencia la falta de claridad y contundencia del Consell valenciano en la defensa de los recursos hídricos que necesita la provincia de Alicante».

Sin embargo, ha criticado que, con esta decisión, «se confirma la intención progresiva de suprimir el trasvase Tajo-Segura, obviando de forma irresponsable el daño que va a provocar a las empresas que dependen de este suministro, y por tanto, a las personas trabajadoras que perderán su empleo sin ofrecer una alternativa real y viable a este suministro».

Pérez ha añadido que «este es un daño que se está produciendo ya, porque ante estas decisiones nadie puede pensar en invertir en sectores que dependan del agua en Alicante, la incertidumbre es enorme y además agrava la profunda crisis de costes y reducción del consumo previsible por la recesión económica».

Por su parte, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha afirmado que esta es «una situación muy delicada, pues no contamos con información veraz ni objetiva de lo que hacen o pretender hacer con el agua. Este Ministerio está jugando de manera desleal con una actividad económica esencial como es la agricultura».

«La única certeza que tenemos es que, a partir de enero de 2023, los recortes del trasvase Tajo-Segura van a dificultar el mantenimiento de la superficie agraria útil, poniendo en riesgo la producción de frutas y hortalizas en fresco, hecho que supondrá una grave amenaza para el sector agrario del Mediterráneo», ha señalado Andreu.

Tanto CEV Alicante como Asaja Alicante siguen denunciando que las decisiones tomadas por el Ministerio de Transición Ecológica «no tienen justificación técnica». Abrazan los argumentos de la Diputación de que «ni consta ninguna evaluación rigurosa del beneficio medioambiental de elevar los caudales ecológicos del Tajo ni se ha analizado el enorme daño socioeconómico que estas decisiones están provocando en la cuenta del Segura».

«Si esto se consuma, el déficit estructural de la cuenca del Segura no solo no disminuirá, sino que aumentará, acrecentándose los problemas económicos, sociales y ambientales que afectan a esta demarcación hidrográfica», avisan