El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha celebrado este lunes la firma del acuerdo entre regantes y la Administración que garantiza el suministro de agua del trasvase Júcar-Vinalopó y su precio para la próxima década y cuya rúbrica definitiva se producirá este martes en Aspe. Para Cerdán, este acuerdo supone «una garantía de futuro para la agricultura de toda la comarca del Alto y Medio Vinalopó, que es fruto del esfuerzo colectivo que han realizado durante años los regantes y las administraciones locales, autonómicas y centrales para cerrar este capítulo con éxito».
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No obstante, Cerdán señaló que quedan cuestiones pendientes como la definición de «unas normas de explotación muy claras sobre el uso de los acuíferos y los pozos sobreexplotados de Villena que tengan en cuenta la generosidad de esta tierra y de su gente a lo largo de las últimas décadas que ha permitido el desarrollo de muchas zonas de la provincia, tanto en el Vinalopó como en el litoral de la comarca de L'Alacantí».
Precisamente, el PSPV ha organizado para este lunes una cena con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, antes del protocolario acto de este martes en el Teatro Wagner de Aspe. La ocasión es realmente especial, puesto que la firma del convenio para el trasvase Júcar-Vinalopó pone fin a demanda cententaria para Alicante. Y los socialistas quieren darle todo el realce posible.
El alcalde no dudó que los flecos pendientes, como son las obras que el Ministerio y el Consell, deben ejecutar; así como la situación concreta de cada pozo de los acuíferos de Villena se tratarán con «el mismo espíritu que ha permitido llegar a este histórico acuerdo, es decir, seguiremos trabajando con el mismo principio de unidad y defensa del acuerdo como vía única para resolver los diferentes matices».
«A la vista de estas últimas décadas, la conclusión solo puede ser una: las guerras del agua entre partidos y colectivos dentro de nuestro territorio nos ha hecho más débiles, como se demuestra en la cuestión del Tajo-Segura. Es importante una política de Estado, en este caso, desde la Comunitat Valenciana que cierre filas por un objetivo común, que se base en la defensa del buen uso del agua, de su utilidad pública en la producción de alimentos y en la protección de un territorio que se degradaría sin cultivo no explotaciones agrícolas».
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