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La voluntad política del actual Gobierno del PSOE es reducir las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura a la provincia de Alicante, Murcia y Almería. Una actitud inequívoca, plasmada en la reforma de los planes de cuenca hidrológicos para el periodo 2023-207 aprobados por enero. ... A través de estos documentos, el Ministerio de Transición Ecológica ha diseñado la distribución futura de los recursos hidrológicos del país. Un reparto de recursos en los que no está Alicante, al que se le ha adjudicado una alternativa basada en la producción de agua desalinizada, depuración y reutilización.
Esta nueva política ya se ha puesto en marcha. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros con el hachazo al Trasvase Tajo-Segura comienza a traer consecuencias para la provincia de Alicante, sus agricultores y también ciudadanos. Solo hay que comprobar al precio que están las sandías en el mercado para saber que, sin agua, esta provincia lo pasará muy mal.
El nuevo plan de cuenca del Tajo prevé un incremento del caudal ecológico del río de 6 a 7 hectómetros cúbicos, lo que supone una reducción de 3 hectómetros cúbicos del agua disponible para regadío todos los mesesdesde los pantanos de Entrepeñas y Buendía al Segura. A esta cantidad, cabe sumar casi un hectómetro cúbico que el Gobierno ha decidido pasar de los campos de Alicante al Guadiana a través de la conocida como 'Tubería Manchega'.
Una decisión que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ya piensa recurrir a los tribunales. Entienden que es una decisión unilateral del Gobierno quitar esta aportación del trasvase para el Guadiana. No es que no se aporte a este río, pero que no sea del agua del Trasvase que corresponde a los regantes.
4 millones de euros
en pérdidas patrimoniales
86 puestos de trabajo
se pierden por la falta de producción agrícola
Echando cuentas: 3 hectómetros cúbicos menos al mes por el aumento del caudal ecológico del Tajo aprobado por el Gobierno, más otro hectómetro más que va al Gobierno son 32 hectómetros menos que ha recibido la provincia de Alicante en lo que va de año.
A todos ellos, la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha decidido los últimos tres meses no llegar al límite legal de trasvasar 20 hectómetros cúbicos a Alicante, pese a que los niveles de los pantanos de suministro son buenos gracias a las lluvias de primavera y con tendencia positiva para los próximos seis meses. Lo ha dejado en 15 hectómetros cúbicos, cinco menos de lo que podría llegar.
Es decir, 15 hectómetros cúbicos menos que no llegan a la provincia de Alicante desde junio por decisión exclusiva del secretario de Estado del Ministerio, puesto que los técnicos solo avalan que se pueda trasvasar hasta 20 hectómetros, como marca le ley. La quita corresponde únicamente a una decisión política, del secretario de Estado de Aguas, Teodoro Estrela. El mismo que en marzo explicó que la solución del Gobierno es desviar 20 hectómetros cúbicos de abastecimiento a regadío para compensar las pérdidas.
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José Vicente Pérez Pardo
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En total, la deuda hídrica del Gobierno con la provincia es de 47 hectómetros cúbicos. Si la provincia recibe un trasvase del Tajo-Segura de 200 hectómetros cúbicos al año, más otros 100 de abastecimiento, indica que Alicante ha dejado de recibir un 25% de lo que necesita la agricultura para regar.
Un déficit que el Gobierno todavía no ha conseguido compensar con recursos alternativos. Tienen pendiente la ampliación de la desaladora de Torrevieja de 80 a 120 hectómetros cúbicos, aunque este caudal ya está también comprometido. Queda, pues, depuración y regeneración en una provincia ya líder en Europa en esta materia.
Regantes y agricultores se hacen siempre la misma pregunta: ¿De dónde sacará Alicante esos 47 hectómetros cúbicos de agua que se han recortado? Y otra cuestión: ¿a qué precio? Por el momento, el agua está subvencionada por el Gobierno a 32 céntimos el metro cúbico. Pero, ¿por cuánto tiempo? Y queda por ver si Europa lo permite, al estar el agua considerada como un elemento de producción que debe quedar al margen de subvenciones estatales. Cuestiones que los agricultores se hacen y sobre las que, por el momento, no tienen respuesta.
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