El Consejo de Estado reclama que «el régimen de caudales ecológicos se haga compatible con el acueducto del Tajo-Segura»

Estos apuntes, incluidos en las 90 páginas del dictamen, pueden servir de base para una negociación política de última hora que salve la situación límite que vive en estos momentos el campo alicantino, atenazado ante la perspectiva de un recorte de hasta 105 hectómetros cúbicos del Trasvase.

Este fin de semana puede ser decisivo para que al Consejo de Ministros del próximo martes no llegue la aprobación de los decretos ley.

Incompatibilidad entre los planes hidrológicos del Tajo y el Segura

Entre las razones que esgrime el Consejo de Estado en su dictamen, pide al Gobierno que introduzca «más claridad» en su redacción, integre la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la preservación de los caudales ecológicos y solvente, «en especial», la falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura.

La «falta de coherencia» entre planes deriva de que las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Segura han confeccionado sus respectivos planes hidrológicos partiendo de escenarios diversos.

El plan hidrológico del Segura recoge una aportación de 300 hectómetros cúbicos a la cuenca del río procedentes del trasvase frente a los, como mucho, 200 hectómetros cúbicos que el documento del Tajo mantiene como trasvasables en principio.

Esta «falta de coordinación» que aprecia el Consejo de Estado puede provocar no solamente una falta de coherencia entre los planes de cada confederación hidrográfica, sino también a «una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el Trasvase del Tajo-Segura».

Por ello, añade que esa evaluación de resultados no se sigue «ninguna consecuencia» o efecto para las cuencas receptoras del trasvase del Tajo-Segura (al menos en el ciclo de planificación al que el proyecto se refiere).

Además, advierte de que la disposición adicional novena -en la que se determinan los caudales ecológicos del Tajo- no cumple «adecuadamente» la función coordinadora para la que fue concebida en origen.

«Este Consejo considera que resulta necesario arbitrar un mecanismo eficaz para la coordinación de los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Segura, entre sí y en relación con la normativa reguladora del trasvase. Esta coordinación le corresponde, en último término, al Gobierno de la nación, que debe aprobar los planes hidrológicos en los términos que estime procedentes en función del interés general», subraya.

Para la institución consultiva, la «satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto del Tajo-Segura».

En ese sentido, considera que en la redacción actual, dicha disposición adicional «carece de la funcionalidad suficiente para lograr esa coordinación y cohonestar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo con el funcionamiento del trasvase del Tajo-Segura». Que es justo lo que vienen reclamando los regantes alicantinos: caudales ecológicos sí, pero también trasvase. Con la redacción actual enviada por el Gobierno, los caudales ecológicos son incompatibles con el mantenimiento de la Tubería.

Como posibles soluciones a la falta de coordinación, el Consejo de Estado propone, en primer lugar, que antes de aprobar los nuevos planes hidrológicos cambien las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

En segundo lugar, plantea que debiera considerarse también la procedencia de establecer criterios técnicos y metodologías más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos, «fijándose por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas, aplicables en todas las cuencas para la fijación de esos caudales». Una de las reclamaciones de los regantes es que la fijación de los caudales ecológicos se había hecho sin contar ningún estudio ni criterio técnico. ¿Por qué exactamente 8,6 metros cúbicos por segundo? Ahí es donde incide el Consejo de Estado.

El Ministerio cambió el criterio en el mismo Consejo del Agua

También afea al Gobierno cómo transcurrió la votación en el Consejo Nacional del Agua ya que del expediente remitido se desprende que el debate y votación no se desarrollaron con «la claridad y la transparencia» con las que debieran haber transcurrido.

Deduce de las explicaciones adjuntadas al informe del Consejo Nacional del Agua que existió «cierta confusión» acerca de si el texto de la disposición adicional novena que se votaba era el original o el propuesto 'in voce' por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por lo que algunos de los votos se emitieron condicionadamente a que la redacción fuera una u otra.

El texto remitido al Consejo de Estado por el Ministerio de Transición Ecológica sí recogía esta disposición adicional novena pactada entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España por la que los caudales ecológicos previstos eran revisables anualmente.

El Ministerio de Transición Ecológica cambió ahí mismo, con el Consejo del Agua ya sentado, el acuerdo llegado con el gobierno valenciano, lo que provocó la abstención de la consellera de Agricultura, Isaura Navarro. Fue el beso de Judas del Gobierno, el momento de la traición.

Esta forma de actuar provocó el desconcierto en los consejeros. A juicio del Consejo de Estado, «habría sido deseable» que la votación en el Consejo Nacional del Augua se hubiera producido sobre «una propuesta clara y concreta» del texto.

Nada de hacerlo de palabra, en la misma reunión. Tenía que haberse hecho «preferentemente por escrito y de modo especial en relación con un aspecto tan relevante como el tratado en la disposición adicional novena» -que incluye los caudales ecológicos del Tajo-, que afecta a varias cuencas hidrográficas y del que se derivan «notables efectos socioeconómicos y medioambientales».

Sin embargo, aunque irregular, la incorporación 'in voce' de la disposición adicional es legal y no anula el acuerdo del Consejo del Agua. Aunque insiste el Consejo de Estado en que el debate y la votación debieron ofrecer mayor certidumbre, la opinión del Consejo Nacional del Agua fue «válidamente formulada» a efectos de integrar la participación y consulta que el ordenamiento le encomienda.

Los planes hidrológicos debían estar aprobados el 1 de enero de 2022

El Consejo de Estado «llama la atención» al Gobierno sobre la necesidad de «evitar el abuso de las consultas urgentes», en particular en relación con las normas que presentan además de una «gran complejidad» una importancia «fundamental» desde el punto de vista económico, social y ambiental y son además «susceptibles» de provocar, como ha ocurrido con los planes hidrológicos, una «amplia litigiosidad».

No se entiende qué prisa tiene el Gobierno por aprobar ahora los planes hidrológicos. La Unión Europea obligaba a que los nuevos planes hidrológicos estuvieran aprobados antes del 1 de enero de 2022. Un año después, qué sentido tienen estas prisas del Ministerio por implantar su política sin el debido consenso.

Otro reproche a la tramitación del expediente es que ni siquiera entre el propio Gobierno ha habido coordinación ni comunicación. Estando ya el expediente en avanzado estado de consulta, se han recibido informes de diversos ministerios sobre competencias que pueden afectar otros departamentos. En fin, un guirigay.

Todas estas apreciaciones, sin embargo, no tiran para atrás la tramitación de los nuevos planes de cuenca. Ni jurídica ni técnicamente se han rechazado. Ahora, serán los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica los que analicen su contenido antes de su remisión al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y ulterior envío a la Comisión Europea.

Lo más probable es que el Consejo de Ministros del próximo martes vea estos expedientes y los apruebe definitivamente. Solo la voluntad política ahora puede detenerlos.