El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo que recorta el trasvase. Así lo ha anunciado la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, este martes en Alicante, minutos antes de la ... conferencia del director general del Agua del Ministerio de Transición Ecológica.
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El Alto Tribunal también ha admitido la petición del Consell de medidas cautelares solicitada por la Administración autonómica, que paralizaría el aumento de los caudales hidrológicos en el Tajo.
Esta decisión del Supremo es muy importante, toda vez que la sentencia sobre el fondo de la cuestión, la legalidad del Real Decreto, puede tardar años en hacerse pública. Sin embargo, el tribunal podría decretar la asunción de medidas cautelares ante el «daño económico irreversible» que supone el hachazo al Trasvase Tajo-Segura el aumento de los caudales ecológicos.
De producirse, quedaría sin efecto el nuevo plan de cuenca del Tajo y sus consecuencias. Es decir, el incremento progresivo de los caudales de 6 metros cúbicos por segundo a 8,6, lo que significaría 'de facto' la muerte del Trasvase.
Fuentes de la Conselleria de Agricultura consultadas por TodoAlicante calculan que el Supremo podría decretar estas medidas cautelares en poco tiempo, apenas dos o tres meses, mientras estudia el caso. De ser así, el Trasvase Tajo-Segura continuaría funcionando como hasta ahora y la agricultura alicantina se salvaría, por el momento.
De hecho, en los niveles actuales, la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha aprobado en marzo una transferencia de 27 hectómetros cúbicos para el segundo trimestre del año. Hasta junio, los cultivos alicantinos están salvados.
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De producirse medidas cautelares en el plazo previsto, incluso los riegos de verano, fundamentales para la cosecha de otoño, podrían producirse como hasta ahora.
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Esto en lo referido a la cuestión agrícola y el futuro de la provincia de Alicante, que no es poco. Pero la decisión del Supremo tiene también su vertiente política. La presentación de este recurso por parte del Consell ha desatado la guerra del agua entre los gobiernos autonómicos socialistas de la Comunitat Valenciana y de Castilla La Mancha, que presiden Ximo Puig y Emiliano García Page. Ambos políticos se la juegan en este polémico asunto que, desde hace décadas, tiene en vilo el futuro de la provincia de Alicante.
Hace apenas unos días, Page solicitaba al Gobierno el adelanto del hachazo al Trasvase Tajo-Segura para este verano y se olvidase del año de demora en el incremento de caudales ecológicos. Aunque Puig dejó claro que la posición del Consell era «defender los intereses de España, no solo de la Comunitat Valenciana». Parece que Page tenía claro ya cuál iba a ser la decisión del Supremo y pedía adelantarse.
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Antes de la presentación del recurso, el presidente de la Generalitat reunió a agricultores y sindicatos de regantes para explicarles que el Consell entiende que era necesario que el Alto Tribunal dictaminase la suspensión cautelar de esos caudales ecológicos «por tratarse de una decisión arbitraria que no se fundamenta en criterios técnicos».
Todos los presentes en este encuentro coincideron en la necesidad de adoptar estas medidas para evitar daños irreparables en la agricultura de la provincia e incidieron en que el Gobierno de Sánchez había utilizado políticamente la subida de caudales ecológicos sin ninguna fundamentación científica. El objetivo común, remarcaron es que «no se suban los caudales». Algo que parece que el Alto Tribunal va a estudiar tras su disposición a investigar el recorte al trasvase Tajo-Segura.
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Al respecto, la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, ha reiterado en Alicante la postura «irrenunciable» del Consell sobre los caudales del Tajo-Segura. «Nos la merecemos porque es el agua que nos corresponde», ha asegurado.
La Generalitat reclama la inversión en depuración de aguas en Madrid y que, en el plazo de dos años, se revise la situación ambiental de la masa de agua del Tajo para delimitar los caudales ecológicos del río. Entiende que el incremento aprobado por el Ministerio «no se fundamenta en criterios técnicos».
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