Los regantes votarán 'no' a los planes de cuenca que ponen en vilo el trasvase Tajo-Segura

La sensación entre usuarios y regantes de la provincia de Alicante es de profundo abatimiento. Las negociaciones, conversaciones y diálogos se sucedieron durante este lunes. Todas quedaron en agua de borrajas. El Consejo Nacional del Agua aprobará los documentos que le presentará el Ministerio.

En el caso del Tajo, el nuevo plan hidrológico recoge el acuerdo alcanzado entre la Generalitat Valenciana y el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera. Supone un aumento de los caudales ecológicos del Tajo de 6 a 7 metros cúbicos a partir del 1 de enero de 2023; a 8 en 2026 y 8,6 metros cúbicos el 1 de enero de 2027.

A cambio, estas cifras no son fijas. Un comité de expertos evaluará anualmente la calidad ambiental del río para fijar de nuevo estos criterios ambientales. De mantenerse tal y como se va a aprobar, harían prácticamente imposible la transferencia de caudales hasta la provincia de Alicante, Murcia y Andalucía.

El acuerdo, según explicó en su día la Generalitat, también recoge la inversión de 1.000 millones de euros en depuración en la cuenca de Aranjuez y otros 600 millones en la provincia para la construcción de desaladoras y plantas fotovoltaicas que suministren energéticamente a las instalaciones.

Este nuevo plan hidrológico del Tajo supondrá un recorte mínimo del 20% en los caudales transferidos hacia Alicante, 32 hectómetros cúbicos menos anuales. Y continuará progresivamente hasta 2027. Con las condiciones que se aprobarán en el Consejo Nacional del Agua, se cerrará el trasvase Tajo-Segura.

Usuarios y regantes dan por perdida esta batalla. De hecho, sus representantes votarán en contra de los planes hidrológicos. Tanto la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoeva) como la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Feracore) dirán 'no' a las pretensiones del Ministerio, según ha confirmado a 'TodoAlicante' el presidente de la organización agraria Asaja en Alicante, José Vicente Andreu.

Él mismo estará a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica en protesta no solo por el plan hidrológico del Tajo, sino por las formas de la Administración durante todo el proceso. «Nos han pasado el rodillo», afirma, «no han contestado ni siquiera las alegaciones que hemos presentado».

Diversas organizaciones agrarias han convocado una marcha mientras en el interior se decide el futuro del campo. La negativa de los regantes será simbólica. Nada cambiará la decisión del Ministerio ni del Consejo Nacional del Agua. Pero debe constar que la lucha continúa.

Sobre el documento, Andreu considera que «es una restricción al regadío sin justificación». Más de 50 millones de árboles se riega con el agua que llega del trasvase Tajo-Segura. Estos caudales producen el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España. Sin agua, este futuro quedará yermo.

«Parece que no quieran que venga el agua a través del trasvase», expresa el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y l'Alacantí, Ángel Urbina, en referencia al Ministerio. Entiende que todas las decisiones se deben a un «capricho político» sin justificación técnica.

Los regantes no se resignan. Ellos continuarán su lucha. Por su futuro y por el de todos. Puede ser que este martes pierdan la batalla del Consejo Nacional del Agua. Y también la del Consejo de Ministros de diciembre, que aprobará definitivamente los planes hidrológicos.

Un mero formalismo más ante el que los Usuarios del Vinalopó ya preparan recursos. La batalla política dará paso a otra judicial. Todavía correrán ríos de tinta sobre el trasvase Tajo-Segura.