Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, el sábado en un mitin del PSOE en Valencia. Rober Solsona / Europa Press

PSPV contra PSOE: el Trasvase enfrenta al Consell con la Junta

El número dos de la Conselleria de Agricultura replica los ataques del portavoz de Castilla-La Mancha contra el Tajo-Segura

Lunes, 19 de diciembre 2022, 19:31

Ya tardaba en llegar, pero era inevitable. El conflicto de intereses entre la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha sobre el manteniemiento del Trasvase Tajo-Segura ya ha provocado el primer choque directo entre gobiernos autonómicos.

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El agua es un tema especialmente sensible en ambas ... comunidades. Sus presidentes lo saben y, cada uno por su lado, explotan como pueden este tema. De hecho, el mandatario de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, siempre ha tenido entre ceja y ceja acabar con el Trasvase Tajo-Segura como una de sus promesas electorales recurrentes.

Su homólogo valenciano, Ximo Puig, está en el lado contrario. A pesar de que nunca ha querido meterse en enfrentamientos y ha apostado siempre por el diálogo, la cercanía de las elecciones autonómicas para ambos ha aumentado la temperatura política.

Castilla-La Mancha está muy satisfecha con la postura del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque ya consiguió aumentar los caudales ecológicos del Tajo en el plan de cuenca aprobado en el Consejo Nacional del Agua, no es suficiente. Esperan que el Consejo de Ministros vaya más allá y apruebe un decreto ley que finiquite el Trasvase para el 2027.

Puig, por el contrario, intenta que todo se quede como está. Y que el Gobierno respete el acuerdo firmado con la Generalitat por el cual aumentan los caudales ecológicos del Tajo de 6 a 7 hectómetros cúbicos. De hecho, ya ha criticado cualquier cambio de postura que se produzca en el Consejo de Ministros.

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De hecho, Puig va a encontrarse este martes con el Sindicato Central de Regantes del Trasvase (Scrats) tras la protesta que realizarán frente a la Delegación del Gobierno en Valencia. Esta movilización no será la última, puesto que ya han convocado una movilización para el 11 de enero en Madrid.

Al respecto, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, la socialista Blanca Fernández, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo nacional «aguantará la presión» de los regantes del Levante ante el recorte de los recursos derivados del Trasvase Tajo-Segura.

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«Éramos conscientes de que esa presión se iba a producir toda vez que llevan más de 40 años dependiendo del Tajo-Segura. Pero estamos convencidos de que el Gobierno aguantará la presión. No contemplamos que haga algo distinto» ha defendido Fernández.

Ha defendido que este trasvase «franquista» después de 40 años «ya está amortizado». Ha justificado que en el fondo de esta cuestión «no hay otra cosa que pese más que lo barato que resulta el agua del trasvase», porque no es tanto que no existan otras alternativas, sino que estas alternativas «no están amortizadas».

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Estas palabras han sido respondidas desde la Generalitat Valenciana. Ha sido el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, el encargado de replicar a su compañera de partido. ¿Y por qué Llanes y no la consellera? Porque el secretario autonómico, número dos de la Conselleria, es un cargo designado por los socialistas, no por Compromís.

Así que Llanes ha expresado el «estupor y sorpresa» de la Generalitat por las palabras de la portavoz castellano-manchega. «Nosotros esperamos lo que se aprobó en el proyecto de Real Decreto por parte del Consejo Nacional del Agua, que incluye un punto que es esencial para nosotros en la medida en que garantiza la continuidad del Trasvase Tajo-Segura».

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Disposición adicional

Este es el referido a que «si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026».

Respecto a las palabras de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha tildando de «franquistas» los trasvases, Llanes le recuerda que el agua «es un bien que forma parte del dominio público» y que los trasvases «no son una herencia franquista sino infraestructuras que se proyectaron durante la II República de la mano de Indalecio Prieto».

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También sale al paso Llanes sobre las referencias de Blanca Fernández a las sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos. «Esos argumentos -subraya Llanes- ya han sido desmontados de forma contundente por un informe de la Directora General de la Abogacía de la Generalitat en el que se sostiene que el alto tribunal sólo indica que hay que fijar unos caudales ecológicos pero sin entrar a valorar los criterios que deben emplearse a la hora de hacerlo».

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