La Diputación y la Región de Murcia llevarán a los tribunales el recorte del Tajo-Segura

Los efectos negativos de los sucesivos recortes adoptados provocarán una merma de 105 hectómetros cúbicos al año. Por tanto, pérdidas del 15,6% de la superficie de regadío, es decir, más de 27.000 hectáreas. Los efectos económicos hasta 2027 superarán los 5.692 millones de euros y el despido de unos 15.000 trabajadores.

Con estas condiciones, la Diputación de Alicante utilizará todos los recursos a su disposición. Que pasan, ineludiblemente, por los tribunales. Y no irá sola.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, se ha reunido este lunes con su homólogo de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, para trazar una estrategia común en defensa del Tajo-Segura.

Ambas administraciones presentarán de forma coordinada de alegaciones ante el Consejo de Estado contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla un incremento del caudal ecológico ante el Consejo de Estado. Los informes de este órgano de consulta son, eso precisamente, consultivos y no vinculantes.

Por tanto, es de esperar que el Consejo de Ministros ratifique el acuerdo del Consejo Nacional del Agua. Lo previsible es que sea este mismo mes de diciembre. Y entonces sí que comenzará la auténtica batalla en los tribunales.

Diputación y Región de Murcia acudirán a la Justicia para recurrir la decisión del Consejo de Ministros. Las administraciones se unirán a los pleitos que ya preparan los regantes.

El corpus jurídico lo tendrán que definir los expertos legales de la Diputación Provincial de Alicante y de la Región de Murcia. Lo que sí estará seguro es que incluirá que las decisiones del Ejecutivo se toman «sin ningún aval técnico y científico».

El presidente de la Diputación de Alicante ha defendido la «unión estratégica y táctica» de ambas administraciones para «defender con rigor científico y con informes técnicos nuestra postura ante una hoja de ruta política que quiere acabar con el trasvase por razones alejadas de la legalidad, la justicia, la solidaridad y el medioambiente».

En este sentido, Mazón ha denunciado que la política hídrica del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del PSOE «ha creado en estos años, sin ningún tipo de justificación técnica y científica y de forma arbitraria, una deuda histórica del agua con la provincia de Alicante, con Murcia y con la Almería». El déficit hídrico estructural de la demarcación del Segura, que alcanzará en 2027 los 309 hectómetros cúbicos.

El perjuicio económico «por los 22 recortes políticos que se han aprobado en estos últimos años» es de 590 millones de euros. Que llegará a los 5.700 millones de aquí a 2027. Además, se perderán más de 15.000 empleos.

El responsable de la Diputación de Alicante ha denunciado la actitud del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de los socialistas murcianos ante los recortes impulsados por el Ministerio de Transición Ecológica. «La hoja de ruta para acabar con el trasvase Tajo-Segura ha destapado a dos cómplices: el presidente de la Generalitat y los socialistas murcianos», ha indicado Mazón. Reprocha que «no puede ser que Ximo Puig calle ante uno de los mayores atropellos a su tierra».

Al respecto, ha añadido, además, que «el silencio y la rendición de Puig y del PSOE de Murcia están haciendo un daño irreparable a la estrategia de defensa del trasvase». «Es una situación francamente histriónica e incongruente», ha concluido Mazón.

Por su parte, López Miras ha advertido también de los efectos negativos que el recorte en más de un 50% del trasvase tendrá sobre una zona que produce el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España generando más de 20.000 millones de euros. «El trasvase es una infraestructura esencial para todo el país y es inexplicable que se tomen decisiones sin ningún informe técnico o científico que las avalen», ha insistido el presidente murciano, quien ha señalado que «el levante español no puede verse más perjudicado por decisiones políticas del Gobierno del señor Sánchez».

Por ello, ha insistido, «una vez más el presidente Mazón y yo unimos fuerzas y nos comprometemos a desarrollar una estrategia única de análisis técnico y jurídico de todas las decisiones que está tomando el Gobierno de España sobre el trasvase Tajo-Segura y de emprender de forma unida y conjunta todas las acciones administrativas y judiciales que se puedan para frenar esta tropelía».

En el encuentro también han participado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna; el consejero de Agua de Murcia, Antonio Luengo; el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, y el director del Instituto Euromediterráneo del Agua e impulsor del Plan Hidrológico Nacional, Francisco Cabezas.