El Consell cuela el compromiso del Gobierno de revisar los caudales del Tajo y fijar un criterio técnico

La movilización de los regantes ha logrado visibilizar un problema de una tremenda magnitud en el sur de Alicante. Las diversas protestas efectuadas en Murcia, Valencia y Madrid han colocado en la agenda política sus reivindicaciones. El primero en darse cuenta fue el propio Ximo Puig, que recibió a una representación de los regantes en el mismo Palau de la Generalitat.

Ni el propio Ximo Puig ni el PSPV podían permitirse este conflicto en Alicante con innegables repercusiones elctorales a cuatro meses de unos comicios autonómicos que se prevén muy ajustados. Pero lo cierto es que la postura del Ministerio de Transición Ecológica se lo ha puesto muy complicado.

Generalitat y Gobierno central habían llegado a un acuerdo que satisfacía a las dos partes. Un aumento de los caudales ecológicos del Tajo a cambio de que fueran revisables y un compromiso de inversión de 1.600 millones de euros, 1.000 para la depuración de aguas en Madrid y otros 600 en desalinización y estaciones fotovoltaicas para la provincia de Alicante.

Este acuerdo voló por los aires en el mismo Consejo Nacional del Agua cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, presentó 'in voce' un cambio en el documento presentado para hacer fijos dichos caudales ecológicos progresivos, de los 6 actuales a 8,6 metros cúbicos por segundo en 2027.

Desde entonces, Puig ha jugado un complicado equilibrio entre posicionarse al lado de los regantes y mantener abiertas las vías de diálogo con el Gobierno central. De ahí todas sus declaraciones de las últimas semanas.

Estos contactos de la Generalitat con el Ejecutivo central han continuado hasta última hora, confirman fuentes de Presidencia. Han cristalizado en dos disposiciones adicionales incorporadas en el texto definitivo aprobado en el Consejo de Ministros.

La primera, revisar a partir de 2025 y con carácter anual las masas de agua del Tajo entre la presa de Bolarque y la cola del embalse de Valdecañas. Se medirán los niveles ambientales del río, lo que, según las mismas fuentes, «abre la puerta a una futura revisión del caudal ecológico del Tajo». Más o menos el acuerdo primigenio al que llegaron Generalitat y Ministerio en un principio.

Además, se creará una comisión bilateral Gobierno-Generalitat para dar cuenta de estos análisis y del cumplimiento de la inversión de hasta 22.000 millones de euros comprometida por el Gobierno.

En segundo lugar, el Ministerio de Transición Ecológica fijará unos «criterios técnicos y metodológicos» que determinen los caudales ecológicos. El Ejecutivo recoge así las observaciones del Consejo de Estado. Estos criterios deberán fijarse en 18 meses, por lo que en año y medio, un nuevo Gobierno (sea del PSOE o del PP) deberá elaborar un nuevo plan hidrológico.

A estos dos puntos, debe añadirse el compromiso expresado por la ministra Ribera de buscar fórmulas para abaratar el precio del agua desalada a 0,34 euros el metro cúbico.

El Consell ha acogido con «moderada satisfacción» los cambios introducidos por el Ministerio en el Real Decreto del Tajo que incluye el recorte del trasvase del Tajo-Segura, aunque advierte que, «en aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell en defensa del trasvase y de los regantes», tomará medidas, incluso legales.

«Los cambios, por tanto, van en la buena dirección», según las mismas fuentes que han añadido que el resto del acuerdo lo valoraran «con detalle y, llegado el caso, se podrán tomar otras vías, incluso legales, en aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell en defensa del trasvase y de los regantes».

De la evolución de los acontecimientos dependerá la relación entre Generalitat y Gobierno central a partir de ahora, Por el momento, los regantes llevarán el texto al Supremo y continuarán sus manifestaciones. El problema, ni mucho menos, ha terminado aquí.