Los vecinos instan al Ayuntamiento a continuar la reclamación judicial de los macrodepósitos del puerto

La plataforma Puerto Sostenible (PPS) no se da por vencida tras la sentencia del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que otorga la licencia ambiental por silencio administrativo positivo a la instalación de 6 macrodepósitos en el Puerto de Alicante por parte de la empresa XC Business 90 SL

La entidad ciudadana ha reclamado este miércoles al Ayuntamiento de Alicante que recurra en casación la sentencia del TSJCV y «cuestiona la legalidad de la modificación de la concesión que otorgó la Autoridad Portuaria en julio de 2019». En ese sentido, ven suficientes argumentos legales «tanto medioambientales, de seguridad y de procedimiento administrativo común» para reclamar la nulidad de la concesión otorgada.

Según han explicado en una rueda de prensa, la doctrina tanto del Tribunal Supremo y el Constitucional como del Tribunal de Justicia Europeo «deslegitima las autorizaciones ambientales tácitas» y consideran que en estos casos «solo cabe el silencio administrativo negativo«. »Otorgar una autorización de carácter ambiental de forma tácita es incompatible con la obligación de la protección del medio ambiente que exige la Unión Europea«, ha explicado el portavoz de la plataforma, José Santamaría.

No es la única irregularidad desde su punto de vista. También critican la licencia «fraccionada en partes«. Explican que a la solicitud en 2013 para la instalación de los seis depósitos de hasta 100.000 toneladas se ha sumado en los últimos meses -enero 2024- el inicio de tramitación de la segunda fase, con 700.000 toneladas más y hasta 18 macrodepósitos. «Cada una de estas estructuras será como un edificio de 8 plantas lleno íntegramente de combustibles», han explicado los vecinos.

Desde la PPS insisten en que esta presentación de licencia se hizo sin tener en cuenta la evaluación de riesgos para los espacios de protección de la Red Natura 2000. Consideran que tampoco se contó con el Informe de Seguridad para la identificación y evaluación de riesgos, algo que califican de «muy peligroso» y que «deja a la ciudad indefensa ante la contaminación por emisiones al aire y los vertidos a las playas y espacios marinos». Además de «en caso de accidente grave podría ser devastador», ha añadido Santamaría.

En el sentido de la seguridad esta entidad afirma que el proyecto no cuenta con un plan de Seguridad Interior, además insisten en que el puerto de Alicante no cuenta con un retén de bomberos ni un Plan de Emergencias que recoja el almacenamiento de más de 700 mil toneladas de combustible.

Los vecinos explican además que los cruceros se encontrarán con los petroleros en la bahía de Alicante. Pero la PPL va más allá, insisten en que los derrames continuos y los vertidos «afectarán a toda la bahía», una de las joyas del turismo alicantino. «Un accidente grave no es algo extraño», ha explicado la portavoz de la plataforma, Luz Garcín. «Esto es lo suficientemente gordo para que las administraciones se pongan, den un golpe en la mesa y se eche para atrás de forma definitiva.», ha insistido. En esa misma línea se ha pronunciado la portavoz de la PPL Carmen Sánchez «la gente tiene que saber que se va a ver afectada la ciudad entera, no solo el medioambiente sino también su economía, afectando al sector turístico».

La plataforma Puerto Sostenible ha reclamado una reunión con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para trasladar toda la información que ha recabado la entidad sobre los macrodepósitos. Una demanda que llevan realizando desde el octubre de 2023 y que ha día de hoy no ha recibido respuesta. Además, los vecinos reclaman la firma de un nuevo convenio con todos los grupos políticos y administraciones como el que se realizó en 1995 tras la retirada de los depósitos de Campsa.

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