Este domingo, cuando se cumplen dos meses de la dana que segó la vida de 223 personas en la provincia de Valencia, decenas de personas se han lanzado a las calles de Alicante para pedir la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.
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La manifestación estaba convocada para las 18 horas frente a la Casa de les Bruixes (sede el Consell en la ciudad de Alicante) por parte de una treintena de entidades, entre las que se encontraban partidos como Sumar, Compromís, o Podemos; sindicatos como CCOO l'Alacantí-Les Marines, Intersindical Valencia; y asociaciones como Acció Cultural del País Valencià o el Casal Popular del Tio Cuc d'Alacant.
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«Seguimos estando de luto por las más de doscientas personas muertas y las que todavía están desaparecidas y seguimos con rabia porque sabemos quiénes son los responsables de la tragedia: Carlos Mazón y su consejo», han expuesto los manifestantes, los cuales han acusado al gobierno valenciano de «no estar al servicio de la ciudadanía, sino al servicio de los intereses del capital».
También han criticado al Gobierno del Estado, «que tendría que haber presionado de manera contundente e inmediata el Gobierno valenciano ante su inacción para intervenir con todos los efectivos disponibles y ayudar a la ciudadanía a reconstruir sus vidas durante las primeras semanas».
Pasados dos meses de la tragedia, han denunciado que los problemas siguen para «las personas voluntarias y las afectadas, que se exponen a problemas de salubridad que podrían provocar una emergencia sanitaria. También para aquellos que se están dedicando a trabajos de revisión y reconstrucción poniendo en riesgo su vida, como todas las personas que han resultado heridas y, en especial, el trabajador que el 24 de noviembre murió haciendo tareas de limpieza en una escuela en Massanassa».
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Tere Compañy Martínez
«Las personas afectadas viven inmersas en una vorágine burocrática y de colas interminables que impiden el acceso real a los recursos (...) En esta situación es inaceptable la militarización del gobierno de la Generalitat, amparándose en argumentos técnicos, mientras tanto el consejo adjudica contratos millonarios a empresas vinculadas a casos de corrupción», según recogía el manifiesto.
Los manifestantes también han evidenciado una serie de exigencias, entre las que se encuentra la dimisión de Mazón así como el inicio de un procedimiento legal para depurar responsabilidades; que se ofrezca alternativa habitacional a los damnificados; el refuerzo del transporte público; la prohibición de construir en zonas inundables; y que los trabajadores y trabajadoras incluidas en los ERTOS por la dana cobren el 100% de la base reguladora y tengan acceso a una reducción de la jornada sin reducción de salario.
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