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La Concejalía de Urbanismo continúa con la inspección a los apartamentos de uso turístico de la ciudad y con la campaña de control a aquellos que incumplen la normativa. Así, si el pasado 20 de septiembre el equipo de gobierno afirmaba que se habían interpuesto más de 50 actas y expedientes de suspensión de actividad, este martes han confirmado que los infractores se acercan al centenar.
Así lo ha explicado el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes. El edil ha profundizado en la aplicación de una moratoria de dos años a la concesión de licencias de apartamentos turísticos que ya adelantó el alcalde de Alicante este mismo lunes.
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Así, durante al menos dos años no se tramitará ninguno de los permisos necesarios para operar como apartamento turístico dentro de la legalidad. La moratoria no afecta en cambio a aquellos edificios en los que el uso es totalmente turístico. Así los bloques en los que la totalidad son de este tipo de viviendas podrán seguir solicitando sus licencias. La suspensión afecta solo a aquellos apartamentos que se encuentran en edificios residenciales.
Villar también ha explicado que la moratoria comenzará a aplicarse desde su aprobación en el pleno, por lo que también quedan en suspensión todas aquellas ya presentadas que no hayan obtenido todavía contestación de la administración.
Según ha confirmado el portavoz adjunto, esta moratoria responde a la necesidad de tener un plazo suficiente para estudiar hasta dónde admite la ciudad apartamentos turísticos y ver «qué podemos hacer en la ciudad antes de que será irreversible». Además, ha considerado que se trata de una primera medida teniendo en cuenta las conclusiones de los informes sobre este aspecto que encargó el consistorio.
Desde la oposición, en general, han valorado esta medida como positiva aunque con reparos. Desde el grupo socialista, la concejala Trini Amorós ha reclamado conocer los informes sobre los apartamentos turísticos que han solicitado al equipo de gobierno. Además, ha insistido en que el PSOE ya pidió en pleno la aplicación de una moratoria que fue rechazada en su momento por el PP.
Las actuaciones de la Brigada de Disciplina Urbanística de la Policía Local de Alicante, encargada hasta ahora de este cometido, se han visto reforzadas por los agentes de la Policía Comunitaria o de Barrio, que han recibido orientación para que incorporen a sus cometidos esta función inspectora de apartamentos turísticos en las zonas en las que trabajan. En los últimos meses se han levantado un centenar de actas de infracción y se han tramitado los correspondientes expedientes de suspensión de actividad.
«Estamos volcados en el control de irregularidades en la actividad de las viviendas de uso turístico y pondremos todos los medios necesarios para evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante, aprovechando las nuevas competencias sancionadoras que le hemos solicitado a la Generalitat», señala la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez.
«Los agentes de la Policía Comunitaria son los que mejor conocen los barrios en los que patrullan cada día y este conocimiento y cercanía es una ventaja que podemos aprovechar para intensificar y optimizar el control de ilegalidades en la actividad de los pisos turísticos», explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero. Los agentes de la Policía Comunitaria o de Barrio han recibido orientación por parte de la Brigada de Disciplina Urbanística para que desarrollen esta nueva competencia en los distintos barrios de la ciudad.
El cerco a los apartamentos turísticos irregulares es la primera y principal recomendación estratégica que se extrae de los estudios sobre la situación de las VUT en Alicante elaborados por la Cátedra de Turismo y la empresa especializada Estrategia y Organización S.A. (EOSA), a petición del Ayuntamiento de Alicante. En concreto, proponen inspecciones y sanciones efectivas para el incumplimiento de normativas urbanísticas.
«Para reforzar el cumplimiento de las normativas urbanísticas sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), sería fundamental implementar sanciones efectivas para los propietarios que no se adhieran a las regulaciones vigentes», expone el estudio de EOSA. En este sentido, recomienda «imponer multas económicas considerables a aquellos que operen sin licencia o incumplan los requisitos urbanísticos y, en casos de infracciones graves, como la reincidencia o la falta de adecuación de la propiedad a las normativas, se podría revocar de inmediato la licencia para operar como VUT», añade. Además, aboga por «establecer un sistema de seguimiento y control periódico que permita la detección temprana de infracciones, asegurando un mejor manejo del impacto del turismo en los barrios residenciales».
Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha afirmado que apoyarán la medida siempre y cuando no afecte a los bloques de vivienda enteros. «Tenemos que valorar el emprendimiento de nuestros empresarios que aportan a nuestra economía, estaremos siempre a favor del sector turístico», ha destacado.
Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha insistido en que esta moratoria no hace más que cumplir con el decreto del Consell sobre estos apartamentos, pero insiste en que el equipo de Gobierno debe poner el foco en los apartamentos ilegales. El edil considera que «superan el 80% en la ciudad de Alicante. Barcala tiene que contratar inspectores, formar a la Policía Local y cerrar los que no cumplan las normas», ha destacado Mas.
Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha mostrado su apoyo a la concentración del próximo fin de semana por el derecho a la vivienda en la ciudad.
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