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La sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) y el Ayuntamiento de Alicante contra la sentencia que obligaba a implantar una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el entorno de Castaños.
El juez, según se ha hecho público este mismo jueves, da la razón a los empresarios tras un proceso de más de tres años al considerar que no se han realizado mediciones en el interior de los domicilios para constatar la vulneración de este derecho constitucional en su faceta de «intimidad y tranquilidad del domicilio». Según ha explicado el presidente de Alroa, Javier Galdeano, en declaraciones a TodoAlicante, esta sentencia recoge lo que los empresarios ya sabían: «Al ser un derecho constitucional individual las mediciones en la vía pública no son probatorias de la vulneración de la intimidad del domicilio».
El juez también valora en su escrito la «inactividad» del Ayuntamiento de Alicante frente a los niveles de ruido en la calle, ante lo que considera que no ha adoptado medidas adecuadas. Sin embargo, el tribunal no sostiene que esto sirva de base para probar la vulneración de derechos fundamentales a la intimidad, ya que las mediciones que sirven para justificar el proceso no se realizan en los domicilios. Desde el ocio nocturno han exigido al consistorio que ponga en funcionamiento actuaciones como la mayor presencia policial en la zona desde ya -tal y como llevan reclamando desde hace años para evitar actitudes incívicas- en vez de esperar a aplicar la ZAS.
Desde el sector se encuentran aliviados al conocer esta sentencia que les da la razón en un momento en que la aplicación de la ZAS en Castaños hace pender de un hilo su modelo de negocio al restringir al 50% las terrazas y reducir los horarios hasta dos horas de los locales. Sin embargo, pedirán una aclaración para que el juez explique algunos aspectos del texto legal. De hecho, esta misma tarde realizarán el estudio en profundidad de la misma y la próxima semana convocarán una asamblea para explicar a los establecimientos que supone el fallo.
Desde Alroa confirman que pese a «la buena noticia» de esta sentencia el proceso judicial todavía no ha acabado para ellos ya que le servirá como base para plantear la ofensiva contra la declaración de la dos ZAS en Alicante. Así, consideran que una vez publicada la normativa que regulará las restricciones presentarán alegaciones y en caso de no ser tenidas en cuenta llevarán esta medida a los tribunales.
«Desde el Ayuntamiento dijeron que aplicaban la ZAS porque había una sentencia que les obligaba, pues ahora ya no la hay, que digan claro si la van aplicar porque quieren», ha afirmado Galdeano.
Por su parte, desde el equipo de gobierno, el portavoz, Manuel Villar, ha reafirmado su intención de implantar una ZAS: «Con independencia del resultado de la sentencia, en la zona hay un problema de convivencia», indica. El edil ha afirmado que se trata de un elemento nuevo a la hora de plantear alegaciones al texto que está en periodo de exposición pública y «que el Ayuntamiento puede valorar».
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso.
Desde la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, su secretario José Vicent, ha afirmado que se encuentran «muy defraudados». «En Alicante el juzgado se ha decantado por los vecinos y parece que los jueces de Valencia van a una universidad muy diferente».
Desde esta entidad consideran contradictorio que el Ayuntamiento por un lado reconozca que hay un problema con el ruido e impulse una zona ZAS y por otro recurra esta sentencia. «El Ayuntamiento sabe que no se puede vivir en la zona», afirma el dirigente vecinal. Desde esta entidad afirman que en sus intenciones no está reclamar ninguna indemnización a las instituciones -como podrían haber hecho en caso de verse vulnerados sus derechos fundamentales-, sino que buscan solo «que se nos arregle un poco la situación acústica y podamos vivir». «Sentimos una indignación total», ha afirmado este vecino sobre la sentencia del TSJ.
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