¿Separarse o divorciarse? Esto es todo lo que debes saber antes de firmar nada

Carmen Barreiro

Sábado, 12 de octubre 2024, 19:02

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Septiembre y octubre son los meses en los que más solicitudes de divorcio se presentan en nuestro país, el 30% del total. El verano suele hacer estragos en los matrimonios que no pasan por su mejor momento y uno de los motivos que argumentan los abogados de familia es, precisamente, la intensa convivencia durante las vacaciones. Y, como dato curioso, cabe destacar que las que suelen llevar la iniciativa para romper con la pareja en esta época del año son las mujeres. «En la mayoría de los casos son matrimonios que arrastran problemas de antes, que llevan tiempo en crisis. Lo que ocurre en verano es que como pasan mucho más tiempo juntos toman conciencia de que la cosa no funciona», coinciden los especialistas.

Si tienes claro que tu matrimonio no funciona y estás pensando en divorciarte, expertos en derecho de familia resuelven las principales dudas sobre este proceso. «Lo más importante es intentar llegar a un acuerdo que empañe los menos posible la vida futura de ambas partes, sobre todo si el matrimonio tiene hijos. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en España el deber compartido de criar y mantener a los niños no se acaba de manera automática con la mayoría de edad sino que la emancipación económica puede llegar años más tarde, por lo que es fundamental intentar disolver el matrimonio de la mejor manera posible», aconsejan los técnicos de la asesoría jurídica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Se parecen, pero no son lo mismo. La separación legal es similar al divorcio –se acaba la vida en común, se dividen los patrimonios, se establece la custodia de los hijos, se fijan pensiones de alimentos...–, pero el matrimonio no rompe su vínculo. «Si una pareja se separa, no se puede volver casar de nuevo. Pero si se reconcilia con su ex, solo tendría que comunicárselo al juez y volverían al punto de partida. Si tiempo después de separarse, deciden solicitar el divorcio, no se consolidarían las medidas tomadas en la separación sino que habría que establecerlas de nuevo, por las buenas (de mutuo acuerdo) o por las malas (en un juicio contencioso). Los separados tampoco forman una unidad familiar a efectos fiscales, de manera que no se benefician de las ayudas destinadas a las parejas casadas o de hecho ni son herederos forzosos el uno del otro».

El precio depende de varios factores. En primer lugar, de lo complejo que sea el caso. «No es lo mismo una pareja con hijos, casada en gananciales y con mucho patrimonio común que otra sin hijos y casada en separación de bienes. Cuando hay muchos asuntos que resolver, los profesionales implicados en el proceso suelen subir sus tarifas y también crece el número de trámites», precisan en la OCU.

La opción más barata, unos mil euros de media, siempre será el divorcio de mutuo acuerdo porque se puede resolver con poca asistencia profesional. «El objetivo es pactar un convenio regulador que recoja las medidas a las que se sujetará la pareja en adelante. Este documento puede elaborarse y ratificarse judicialmente con la ayuda del mismo abogado y procurador. También se puede hacer con un mediador familiar acreditado y ratificarse en el juzgado o elevarse a escritura pública ante notario». Ahora bien, «no llegues a un arreglo de mutuo acuerdo sin tener claro que todo lo que asumes lo podrás cumplir. Puede que esa buena sintonía se acabe y más adelante será muy difícil cambiar lo que se pactó voluntariamente».

Si, por el contrario, el divorcio es contencioso, el proceso se encarece mucho. «De entrada, cada miembro de la pareja necesitará su propio abogado y procurador. Y si la lucha es a muerte, el precio final se dispara porque también habrá que pagar peritos para diversos asuntos: evaluaciones psicológicas, valoración de los bienes que se reparten... En este caso, ya estaríamos hablando de 5.000 euros como mínimo», coinciden todos los abogados consultados.

«Este es un error muy común, que es confundir la guarda y custodia –que la ostenta quien vive a diario con los hijos– con la patria potestad. Lo normal es que las dos partes conserven la patria potestad y eso significa que los dos tienen el mismo derecho a participar en las decisiones que les afectan de manera importante y a educarlos, alimentarlos, acompañarlos... Es decir, aunque uno tenga la guarda y custodia, no puede tomar decisiones como, por ejemplo, el cambio de residencia a otro país, el colegio o tratamientos médicos sin consultar con el ex. Lo ideal es llegar a un acuerdo voluntario que no tiene por qué ajustarse al milímetro a las dos opciones clásicas, que son la custodia compartida o la monoparental». Si los padres no son capaces de hacerlo, lo decidirá un juez.

«No funciona así. Los casados en este régimen tienen que disolver su sociedad formando dos lotes de igual valor, uno para cada uno. En ese inventario se incluyen las ganancias y beneficios obtenidos durante el matrimonio sin importar quién los generó, los bienes comprados con dinero ganancial en ese periodo de tiempo y las deudas, salvo las heredadas o las de juego. Algunos bienes no entran. Por ejemplo, si uno pagó un piso antes de casarse o lo heredó no entra en el reparto. Sin embargo, si estaba alquilado y la renta se depositaba en una cuenta, la mitad le corresponde a tu ex».

En teoría todo es más sencillo porque ambos cónyuges mantienen sus respectivos patrimonios. Sin embargo, es habitual –sobre todo en matrimonios largos– que «la pareja haya hecho inversiones o compras juntos a lo largo de su vida en común y el reparto de esos activos puede llegar a ser conflictivo, especialmente cuando no está claro quién puso los fondos y en qué proporción. Además, cuando hay hijos menores, la vivienda familiar recibe un tratamiento especial sin importar el régimen del matrimonio, quién la compró, si es heredada...».

El tiempo para obtener un divorcio en España varía en función del tipo de ruptura y la carga de trabajo de los tribunales. En el caso de uno de mutuo acuerdo, el proceso suele durar entre tres y seis meses como mucho, mientras que si se trata de uno contencioso puede llegar a alargarse años. Estos son los pasos generales para poner fin a un matrimonio en nuestro país.

Las capitulaciones matrimoniales son el régimen económico por el que se regirá el matrimonio. Se gestionan en una notaría (unos 60 euros de media) y es obligatorio elevarlas a escritura pública. Para que sean válidas han de firmarse en el plazo máximo de un año antes de que se celebre el matrimonio o en cualquier momento una vez casados. Si la pareja no firma las capitulaciones, el régimen supletorio que se aplica en la mayoría de los casos es el de gananciales, una opción que no siempre es la que más conviene al matrimonio. Por regla general, los expertos aconsejan firmar en separación de bienes, pero cada pareja debe elegir la opción que mejor se adapte a sus circunstancias.

Según precisan en la notaría madrileña Orense 8, «este acuerdo significa que las ganancias obtenidas en el matrimonio pertenecen por igual a ambas personas. En consecuencia, en caso de divorcio, los bienes adquiridos deberán ser repartidos a partes iguales». Esta opción se suele recomendar a los matrimonios en los que una de las partes renuncia a su carrera profesional o su trabajo para dedicarse al cuidado de la casa o de los hijos.

Es el más habitual. «Cada persona conserva sus derechos individuales sobre los bienes adquiridos antes, durante y después del matrimonio. Por lo tanto, ninguno de los cónyuges podrá reclamar que se repartan», explican en la notaría madrileña. Una de las ventajas de este régimen, además de facilitar la división del patrimonio en caso de divorcio, es que «no existe el riesgo de contraer las deudas de uno de los cónyuges que pongan en peligro los bienes familiares».

Según recoge el Código civil, en este régimen «cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho régimen haya estado vigente». En otras palabras, ambas partes mantienen separados sus patrimonios mientras están casados, pero si se divorcian cada uno puede participar en las ganancias obtenidas por el otro durante el matrimonio en el porcentaje que ambas partes acuerden. «Esta es una opción muy recomendable en parejas de profesiones liberales», añaden en el despacho Winkels Abogados, expertos en Derecho de Familia.