Una mafia que prostituía mujeres en Canarias tenía presencia en Elche

La operación 'Guacatal' de la Guardia Civil ha concluido con la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La mafia tenía presencia en la provincia de Alicante, en el municipio de Elche, además de otras ciudades de España y Colombia.

Once mujeres víctimas de esta mafia han sido liberadas, tras ser obligadas a ejercer la prostitución en una vivienda de Lanzarote. Asimismo, la Benemérita ha detenido a siete personas por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha podido corroborar la existencia de esta organización criminal basada en una sólida jerarquía y con un claro reparto de roles. Estos estaban definidos en cuanto a captación, traslado y explotación final de las víctimas, con disposición geográfica en ciudades como Cali, Getafe, Elche y Arrecife.

Tras conocer el entramado, se emitieron varias órdenes europeas de investigación para ampliar más información relacionada principalmente con las fases de captación y traslado de víctimas procedentes de países extranjeros, así como realizó entradas y registros en las localidades de Getafe, Elche y Arrecife, donde se intervino un arma corta, sustancias estupefacientes, diversa documentación que incrimina a la organización criminal con la explotación sexual de las víctimas y dos vehículos de alta gama utilizados para los traslados de las mismas.

La investigación permitió conocer a los agentes que la organización criminal captaba a la mayoría de sus víctimas en Colombia, mediante engaño, y beneficiándose de su situación de vulnerabilidad, les ofrecían falsas esperanzas de futuro en España.

En un principio, la organización sufragaba todos los gastos y trámites necesarios para que las víctimas, captadas tanto en el extranjero como algunas también en España, fuesen trasladadas con seguridad al domicilio de explotación sexual en la isla de Lanzarote.

Aunque previamente las víctimas eran aleccionadas en cuanto a los argumentos a utilizar ante posibles controles policiales, valiéndose para ello de cartas de invitación de diferentes países, proporcionadas por la propia organización.

Si bien, una vez en el destino, y bajo las órdenes directas de los tratantes, retiraban a las víctimas los pasaportes y les obligaban a firmar diferentes contratos en concepto de alquiler de habitaciones compartidas para eludir cualquier inspección policial en la residencia de explotación.

Asimismo las mujeres eran coaccionadas bajo el pretexto de haber contraído una deuda con la organización al haberlas traído a España, lo que tenían que saldar con grandes intereses mediante la prestación de servicios sexuales.

A ello se unía que las víctimas no disponían de libertad de movimiento y eran obligadas a estar en disposición de mantener relaciones sexuales las 24 horas del día, incluso encontrándose en mal estado de salud, ya que de no cumplir con las condiciones impuestas por la organización criminal, eran sancionadas con una elevada suma de dinero. De esta forma, aumentaba la deuda adquirida con sus tratantes.

Las víctimas, además, estaban controladas constantemente por un amplio sistema de cámaras de video vigilancia y eran obligadas a consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente si el cliente así lo solicitaba, manteniendo un «control absoluto sobre las mismas».

También eran sometidas a distintos reportajes fotográficos para ser anunciadas en diferentes páginas web en los que se ofrecen servicios sexuales.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife y llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Canarias y la Sección de Trata de Seres Humanos, ambos pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

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