'Caso Maristas' de Alicante: Investigan el patrimonio del expresidente de Apamar en busca de más dinero desviado

Además, se está indagando sobre la cantidad realmente sustraída, que puede resultar mayor de la que en un primer momento ha trascendido, si bien es algo que deberá confirmar la investigación en curso. La documentación del caso recoge que la cifra acreditada como sustraída, reconocida por el propio implicado, asciende a 117.384 €.

Sin embargo, se sigue rastreando en las cuentas y el patrimonio del denunciado, por si pudiesen aflorar nuevos montantes económicos. Tales sospechas se fundamentan en el hecho de que el acusado de la apropiación indebida destruyó abundante información relativa a su mandato y entregó el ordenador de Apamar sin archivo contable alguno.

De momento, se han localizado al menos 75 transferencias a siete cuentas bancarias privadas, que no pertenecen a ningún familiar beneficiario del servicio de ayuda escolar (SAE), gestionado exclusivamente por el investigado durante sus seis años de mandato.

El expresidente, según relata la querella, y una vez descubierto, se mostró colaborador para reintegrar los más de 117.000 euros desviados y se comprometió a cumplir con un calendario de pagos. Como gesto de «buena voluntad», reintegró 1.000 €. La investigación, además, indica que el querellado ha solicitado ayuda a un amigo empresario, quien le avalaria en caso de ser necesario, y a familiares. De ese modo, ha logrado devolver otros 60.000 €.

El 'caso Maristas' está en manos del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, donde el expresidente declaró como investigado el 17 de mayo. Se enfrenta a tres delitos: apropiación indebida, administración desleal y estafa.

El delito de apropiación indebida sería agravado, debido a que supera los 50.000 € y afecta a muchas personas, entre otras causas, por lo que el expresidente se enfrenta a una posible condena de uno a seis años años de prisión y multa de seis a 12 meses.

Otro de los cargos es el de adminstración desleal, que en caso de ser agravada, se penaría con entre uno y ocho años de prisión y multa de seis a 24 meses. Tradicionalmente han existido supuestos en los que la línea de separación entre estos dos delitos ha resultado difícil de marcar. Con la reforma del Código Penal de 2015 se intentó desligar.

Por lo que la diferencia entre ambas conductas ilícitas reside en que la administración desleal hace referencia a todos aquellos actos en los que el sujeto activo tenga facultades para administrar los bienes, mientras que en la apropiación indebida no atesora capacidad alguna de administrar esos bienes, sino solo de tenerlos en depósito, custodia o comisión.

El otro delito por el que se investiga al expresidente es el de estafa. El artículo 250 del Código Penal recoge las circunstancias agravantes específicas para esta conducta delictiva que estaría penada con entre uno y ocho años de cárcel y multa de seis a 24 meses. Sería la misma pena que si fuese condenado por administración desleal. No obstante, el castigo, si finalmente resulta condenado el acusado, podría resultar mucho menos al beneficiarse de las atenuantes de confesión y reparación del daño causado, si finalmente acaba devolviendo todo el dinero desviado de las cuentas de Apamar.

Las diligencias siguen su curso a cargo de funcionarios policiales y judiciales rodeadas de una gran complejidad y la declaración de numerosos testigos.