La Guardia Civil cierra una explotación que criaba ovejas y cabras sin ningún control sanitario en Daya Nueva

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, la operación se enmarca dentro de las labores de control de las explotaciones agrícolas y ganaderas. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guardamar atendió la denuncia de varios cadáveres de ovejas en el azarbe que discurre por la localidad de San Fulgencio hacia la desembocadura del río Segura en diciembre. El aviso venía de vecinos e incluso de la propia Confederación, según ha podido averiguar este diario..

Los investigadores comprobaron este hecho y comprobaron que los animales carecían de crotal (elemento plástico identificativo adherido a la oreja del animal). Ante esta circunstancia se inició una investigación para averigura la procedencia de estos animales.

Tras la realización de diversas inspecciones en explotaciones de la Vega Baja, los agentes localizaron, oculta en unas antiguas instalaciones abandonadas dedicadas al ganado porcino, una explotación ilegal de ganado ovino-caprino. Posteriormente se identificó al responsable de la explotación a quien se le requirió la documentación.

En la inspección, se comprobó que el ganado carecía de control zoosanitario, por lo que su consumo podría conllevar un grave riesgo para la salud humana. Además, los agentes pudieron relacionar los restos de los animales hallados en la cuenca del río con la explotación.

Así la Guardia Civil levantó acta y dieron cuenta a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana por la comisión de infracciones a la Ley 8/2033 de Sanidad Animal de la Comunidad Valenciana quedando los animales en depósito.

El responsable de la explotación podría enfrentarse a faltas graves por la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan reglamentariamente y ausencia de la documentación sanitaria.

Otro de los aspectos más destacados son los derivados del posible uso de los animales para consumo humano, lo que se considera una falta muy grave, pues se daba una peligrosa omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que deban someterse los animales con destino a este fin. Estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas que van desde los 3.001 a 1.200.000 euros.