Cae en Alicante una banda que asentaba en España inmigrantes ilegales mediante falsos contratos de trabajo

Macroperación contra la inmigración ilegal. La Policía Nacional ha desarticulado una banda en Alicante que se encargaba de regularizar la situación de extranjeros mediante falsos contratos de trabajo. Los inmigrantes pagaban grandes sumas de dinero por estas firmas fraudulentas, que estaban asociadas a distintas empresas que colaboraban con la organización criminal.

En total han sido 110 las personas detenidas en el marco de esta operación, que ha durado más de dos años y medio. El cabecilla de la trama era un varón español de 74 años de edad quien habría conseguido beneficios que ascienden a un millón de euros.

Según informa el cuerpo de seguridad nacional en un comunicado, los hechos se conocieron en el año 2022 mediante una denuncia de un ciudadano argelino, quien puso en conocimiento que había pagado 3.500 euros a un empresario para que este le proporcionase un contrato de trabajo ficticio y le diera de alta en la Seguridad Social.

Estos contratos eran empleados más tarde por los inmigrantes ilegales para solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en su modalidad de arraigo social. Con ello lograban regularizar la situación en España de manera ilegal.

Al hilo de esta primera denuncia la policía tuvo constancia de otras cuatro víctimas más de Argelia, quienes habían pagado por estos contratos. Tras seguir el hilo de las pistas se pudo dar con el presunto cabecilla del entramado criminal y se comprobó que actuaba junto con los administradores de varias empresas y que vendía estos contratos por cantidades que iban de 1.000 a 6.000 euros a personas extranjeras en situación irregular.

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La organización se componía además de dos extranjeros que hacían la función de intermediarios y captaban clientes. La investigación por parte de la Policía Nacional conllevó al análisis de más de 150 expedientes en los que se emplearon contratos con hasta ocho diferentes empresas relacionadas con la organización criminal, solicitándose la apertura de dichos expedientes en diversas Oficinas de Extranjería repartidas por diversas provincias del país (Alicante, Murcia, Toledo, Huesca, A Coruña, Navarra).

Tras comprobar los contratos estos empleaban direcciones inexistentes que pertenecían a locales cerrados, descampados o urbanizaciones privadas. Una vez acumuladas las suficientes pruebas se consiguió alumbrar como se enriquecía la banda, que se beneficiaba de las necesidades de los inmigrantes. La primera fase de explotación se produjo el pasado agosto, aunque detrás de ella vinieron entre 2023 y 2024 numerosas detenciones.

De hecho los detenidos suben hasta las 110 personas, 83 varones y 27 mujeres quienes han cometido los presuntos delitos contra contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (concretamente el de facilitación de la inmigración irregular), falsedad documental, estafa, fraude a la seguridad social e incluso delito contra la seguridad vial. También se investigan ocho empresas utilizadas para llevar a cabo las contrataciones fraudulentas, consiguiendo detener a nueve de sus administradores.

Se calcula que el rango medio de dinero exigido al inmigrante por cada contratación fraudulenta estaría entre los 2.500 y 3.500 euros, pudiendo obtener un beneficio estimado de casi un millón de euros (980.000€) dicha organización criminal desarticulada.

Enumerando los diferentes países de los que son originarios los detenidos, se encuentran; Argelia, Marruecos, España, Colombia, Ecuador, Bangladesh y Polonia. De todo lo actuado conocen los Juzgados de Instrucción de Alicante.