Arranca el juicio por los 74 fallecidos por covid en la residencia de Alcoy

«Justicia para las víctimas. Dignidad para los residentes». Es lo que buscan los familiares de los fallecidos en la residencia DomusVi de Alcoi. Así lo han mostrado en una pancarta en la mañana de este lunes antes de entrar en el juzgado número 3 donde se ha iniciado el juicio civil cuatro años de después de que sucediesen los hechos.

«Queremos que estos días salgan a la luz las circunstancias que llevaron a la muerte de nuestros familiares. Nos toca escuchar y esperar y que este esfuerzo colectivo sea una vía de esperanza ante las numerosas demandas que siguen esperando una respuesta de la Justicia ante las miles de muertes ocurridas en residencias durante la pandemia y que sirva para que no se repita», ha manifestado el portavoz de los afectados y parte demandante, José Luis García.

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La demanda la interponen 46 familiares de 15 fallecidos y otros tres residentes por las lesiones sufridas contra la gestora de la residencia Quavitae y la aseguradora, a quienes se les reclaman más de dos millones de euros en concepto responsabilidad civil.

Aseguran que ellos no buscan dinero, porque hubieran querido que el juicio siguiera la vía penal e insisten en que lo que buscan son respuestas por parte de la gestora, a la que acusan de poner todas las trabas para acceder a la información y a los historiales de sus familiares.

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Los familiares que se han dado cita en el juzgado se veían aparentemente emocionados y también ilusionados por el inicio de un juicio, donde saben que van a escuchar testimonios muy duros. Una de ellas es Silvia Peris, cuyo padre, enfermo de alzhéimer, murió en los primeros día. Asegura que fue muy traumático pasar lo que pasaron. Que no eran informados por la residencia y que no pudo despedirse de su padre ni saber si estaba en el ataúd.

En el juicio, la parte demandada ha presentado un recurso de reposición para que la vista fuera a puerta cerrada. El juez lo ha denegado al prevalecer el derecho a la información y dado que los datos de carácter personal que la parte demandada ha alegado para solicitarlo pertenecen a los familiares fallecidos de los denunciantes y estos han dado su consentimiento.