'La declaración de Alicante'. Así se llamará el documento que aspira a mejorar las políticas públicas de discapacidad en nuestro país. Esta suerte de declaración de intenciones nace en el marco del I Congreso Nacional de Políticas Públicas de Discapacidad, que hasta el próximo ... viernes se celebra en el museo alicantino Marq. El contenido de esa hoja de ruta se definirá a partir con las conclusiones que se extraigan del congreso.
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«Las políticas públicas para discapacidad están descuidadas. Queremos aportar pautas para colmar ese vacío». Así justificaba el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, la idoneidad de la citada declaración durante la ponencia de apertura del congreso.
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La jornada inaugural del evento, organizado por el CERMI, ha tenido lugar este miércoles, y en ella han participado, entre otros, la consellera de Universidades, Josefina Bueno; y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. Precisamente este último hacía referencia a un dato que evidencia la situación que viven la personas con diversidad funcional, y es que siete de cada diez mujeres que pertenecen al colectivo, y sufren violencia de género, no denuncian las agresiones que padecen.
El presidente del CERMI de la Comunitat Valenciana, Luis Vaño, ha asegurado durenta el congreso que las personas con discapacidad «han estado invisibilizadas durante muchos años», pero que gracias a su papel «activo» han conseguido «entrar en el debate público». También ha señalado que las políticas públicas en este ámbito «no pueden limitarse a la otorgar prestaciones económicas», sino que también deben garantizar derechos en materia de capacitación profesional, y de acceso a servicios básicos.
A su vez, ha señalado que los cuatro pilares sobre los que deben asentarse las políticas públicas de discapacidad son la igualdad, la accesibilidad, la no discriminación y la autonomía personal.
Alrededor de 450.000 personas padecen discapacidad en nuestra Comunitat; mientras que en el conjunto del estado la población afectada supone el 10%. Respecto a este vasto colectivo, el presidente del CERMI estatal ha señalado que «la discapacidad no puede ser un castigo para las personas que la sufren», y que la administración debe «mejorar los indicadores que permiten medir su grado de inclusión en la sociedad», como por ejemplo, aquellos en materia laboral.
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Como portavoz de la administración autonómica, la consellera Bueno (que ha disculpado la ausencia al congreso del President Puig y del conseller de Sanidad, Miguel Mínguez), ha reconocido que «todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar la plena integración de las personas con diversidad funcional», aunque ha señalado avances hechos en los últimos años por la Generalitat, como el incremento en las ayudas a la dependencia, o la puesta en marcha de una cátedra en colaboración con el CERMI para reducir la brecha digital.
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