Los veterinarios de Alicante se plantan: «Alzamos la voz para defender a los animales»

La veterinaria Eva Tafalla ha cerrado este martes su clínica en Alicante durante una hora en señal de protesta. Al igual que las del resto del país, las alrededor de 330 clínicas veterinarias que hay en la provincia estaban convocadas a realizar un paro ante un nuevo marco normativo que ha entrado en vigor en nuestro país, y que amenaza con inundar de burocracia y de someter a una «restrictiva» regulación a un sector maltrecho desde hace años. 

Más de la mitad de las clínicas veterinarias alicantinas han secundado esta iniciativa, tal y como informan desde el Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), que a pesar de no haber convocado el paro, ha mostrado su apoyo la protesta. 

Entre otras particularidades, el nuevo marco normativo que ha entrado en vigor en nuestro país desde este año supone la obligatoriedad de comunicar las prescripciones de antibióticos a través de una plataforma digital llamada PRESVET. Tafalla se queja amargamente de que el mero error en el uso de la plataforma puede acarrear sanciones económicas para el profesional que van desde 6.000 hasta 1,2 millones de euros. «Estamos asustados, sanciones de ese tipo pueden abocar al cierre a muchas clínicas. Alzamos la voz para defender a los animales».

Otro de los principales puntos de discrepancia es que la nueva regulación fuerza al clínico a recetar conforme a lo indicado en las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios, que se encuentran en su gran mayoría «desactualizadas». 

«A pesar de que todo lo que hacemos a diario se basa en evidencias científicas; que todo lo que conocemos es gracias a años de estudio y de experiencia; nuestro trabajo va a estar a partir de ahora condicionado por una serie de normas que no están refrendadas por la realidad del día a día de los profesionales», explica la veterinaria alicantina.

Para no saltarse la normativa, se abocaría muchas veces al veterinario a prescribir un medicamento que no sería de primera elección o una presentación comercial del mismo cuyo formato no se ajustaría a las necesidades para tratar al paciente. Por ejemplo, puede ocurrir que el titular del animal deba adquirir una caja con 100 pastillas cuando solo se requiere 3 ó 4 para su tratamiento.

En la práctica, esta legislación propicia que el tutor del animal se tenga que enfrentar a grandes dificultades para obtener el fármaco de manera rápida a través de los canales disponibles, lo que retrasa el tratamiento y compromete la salud del animal. Con arreglo a tal normativa, ni siquiera los medicamentos que no exigen receta (como pipetas o antiparasitarios) pueden ser comercializados en las clínicas, aunque sí sea legal hacerlo en cualquier tienda de suministros de animales, pajarería, supermercado o gasolinera.

De igual manera, critican que el sector siga tributando al tipo máximo del 21% y no como antes, a uno reducido, y es que como bien recuerdan desde el CVCV, el servicio veterinario una cuestión también de salud pública -que evita, por ejemplo, la afección a personas de zoonosis animales-: «No tiene ningún sentido que siga tributando al tipo máximo».

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