Más de 150 profesionales que ejercen la medicina privada en la provincia de Alicante interpondrán una reclamación ante Sanidad, debido al retraso que sufrieron en la administración de la vacuna del covid respecto a los médicos del sistema público.
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Este más de centenar de sanitarios ... son los que por el momento han recurrido a los servicios jurídicos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), órgano que está asesorando y se encargará de tramitar las reclamaciones. Sin embargo, la cifra podría aumentar en los próximos meses, y es que son 400 los facultativos alicantinos del sector privado colegiados, y que por tanto tienen derecho a unirse al proceso.
Tal y como ha trascendido este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ha decretado firmeza de la sentencia dictada el pasado 13 de enero, que condenaba a la Conselleria de Sanidad por la «vulneración del derecho a la vida» de los sanitarios de la privada, después de que se priorizara la vacunación de los médicos del sistema público. La sentencia judicial es firme una vez que el órgano de gobierno autonómico ha declinado presentar un recurso.
Para tramitar las reclamaciones derivadas de esta decisión, el COMA ha puesto a disposición de los colegiados sus servicios jurídicos para atender cada caso de forma personalizada en la presentación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.
A preguntas de este medio, desde la Conselleria de Sanidad han declinado valorar la sentencia, aunque sí han reconocido que respetan la decisión judicial.
Donde sí que valoran la sentencia es en el Partido Popular, cuyo portavoz de Sanidad en Les Corts, José Juan Zaplana, asegura que el dispar protocolo de vacunación es fruto del «sectarismo en el que está anclado el gobierno valenciano». Según recuerda Zaplana, no hay ninguna otra autonomía en España condenada por haber aplicado un orden diferente de vacunación entre los facultativos de la pública y la privada.
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«La estrategia de vacunación exigía que se administrara la dosis por igual a todos los profesionales que estuvieran en la primera línea contra el covid, por lo que no se entiende esta desproporcionada gestión», apunta el popular.
Zaplana también exige responsabilidades al Consell, «no tanto a nivel de indemnizaciones económicas, sino a nivel político»; y es que con la salida de Ana Barceló e Isaura Navarro de la conselleria Sanidad, el popular se pregunta «¿quién asumirá las consecuencias de esta sentencia?».
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