Conseguir un certificado de discapacidad es un complejo y engorroso proceso que se compone de varias partes. Aquellas personas con diversidad funcional que deseen acreditar el grado que padecen deberán de armarse de paciencia, con trámites y esperas que pueden superar los dos años.
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Estos comprobantes acreditativos de diversidad funcional se piden acudiendo al Centro de Valoración de Discapacidades, dependiente de la consellería de Políticas Inclusivas. Para poder optar a ellos, se deberá de presentar presencial o telemáticamente una primera instancia acompañada de documentación médica.
Durante este proceso, la persona con diversidad disfuncional es citada para que un médico del centro le explore y saque así unas conclusiones. La segunda parte, más centrado en lo psicológico, será llevada a cabo por un trabajador social o un especialista en salud mental.
«Las limitaciones y enfermedades se ponen en relación con un baremo que se publicó en el Real Decreto 1971/1999 y que se ha ido modificando», explican fuentes expertas en medicina legal.
Las distintas lesiones, enfermedades y discapacidades tienen baremos diferentes que se miden en función de unos criterios que marca la ley estatal. De esta manera, las escalas tienen ítems dispares, dependiendo de la patología a valorar.
Por ejemplo, en aquella persona que tenga una lesión en el tobillo, el médico medirá los grados perdidos y como afecta a la movilidad. Una pérdida que corresponde a unos porcentajes. Estos se sumarán y, el total, se relacionará con otras tablas para obtener el grado de discapacidad.
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Hay varios tipos de tablas y de mediciones, dependiendo del tipo de problema o dolencia que se presenta. «Las patologías que no tienen asociados porcentajes se agrupan en un sistema organizado por clases», exponen expertos en la materia. Es el caso por ejemplo de enfermedades psiquiátricas que no afectan a la movilidad, pero si lo hacen al día a día.
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«También hay que tener en cuenta distintos factores sociales, económicos, de estudios o necesidades de la persona que van ligados al apartado médico», afirman especialistas. Estos ítems de tipo social se valoran en puntos y se suman al porcentaje obtenido antes.
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Dependiendo del grado obtenido en la escala, la persona con diversidad funcional podrá acceder a una serie de ventajas, fiscales y económicas, Sin embargo, si no se llega al 33%, la persona no obtendrá beneficio alguno. Una de las bonificaciones que se puede obtener en los bajas puntuaciones es, por ejemplo, no pagar el impuesto de matriculación, o tener acceso a plazas de aparcamiento reservadas a personas discapacitadas.
Clase 1. Discapacidad 0%. No impide realizar actividades cotidianas
Clase 2. Del 1 al 24%. Conocida como discapaciad leve
Clase 3. Del 25 al 49%. Si el porcentaje es superior al 33%, se considera que la persona tiene diversidad funcional y obtiene beneficios
Clase 4. Del 50 al 70%. Beneficios fiscales y económicos
Clase 5. Igual o mayor al 75%. Considerada muy grave
Un largo y tedioso proceso que conlleva largas esperas, que se pueden demorar varios años. Además, en caso de no estar de acuerdo con lo dictaminado, esto puede provocar que el damnificado proceda a enjuiciarse contra la consellería para obtener un mayor grado. En ocasiones, acreditar una discapacidad puede ser toda una odisea que se extiende en el tiempo más de lo que a muchos les gustaría.
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