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La siguiente frase resume a la perfección uno de los cambios de tendencia más indeseables en Sanidad tras la pandemia. «No podemos pasar de los aplausos a las agresiones». El gerente del área de salud de Alcoi, Alfredo Rizo, explica así el incremento de ataques a sanitarios que se ha experimentado de un tiempo a esta parte, tendencia que ha llevado a las autoridades sanitarias y policiales a tomar medidas.
Una de ellas es el taller de prevención y medidas de autoprotección que el Hospital Verge dels Lliris de Alcoi ha acogido este jueves, en colaboración con el Sindicato Médico CESM-CV, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), y el Cuerpo Nacional de Policía.
Este último organismo cuenta en cada una de las provincias españolas con la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario. En Alicante, esta responsabilidad recae en el inspector Vicente Romero, que ha asistido al taller de este jueves para ofrecer a los sanitarios una guía de actuación en caso de conflicto.
«Les damos consejos para actuar antes, durante y después de una agresión, aunque hacemos énfasis en la prevención. Los profesionales deben anticiparse a un posible ataque, y para eso ayuda mucho conocer el perfil del paciente», ha asegurado el inspector.
Aunque el enfoque de este protocolo es preventivo y de carácter verbal, la instrucción también incluye técnicas básicas de autodefensa personal, en caso de que se llegue al «punto de no retorno». Otros recursos a disposición de los profesionales ante una agresión son el botón antipánico, disponer de vía telefónica con el personal de seguridad del centro, o dejar la puerta entreabierta de la consulta para facilitar la asistencia.
«No se puede naturalizar la violencia», asevera el interlocutor policial, una opinión compartida por el Secretario General del COMA, el doctor José Manuel Peris, también presente en el taller de este jueves.
José Manuel Peris
Secretario General del COMA
Para el facultativo, «las agresiones son solo la punta del iceberg de un problema mayor, con el que los médicos corren el riesgo de aceptar que recibir ataques es parte de su trabajo». Por ello, considera que visibilizar el problema puede favorecer a que el poder legislativo tome medidas más efectivas para atajarlo. Peris incide también en la gravedad de estos hechos, que de denunciarse por la vía penal, pueden acabar en penas de pecuniarias, de cárcel, e incluso en órdenes de alejamiento.
Si bien hablamos de una cuestión estructural, su incidencia es variable en cada departamento de salud alicantino. En el caso del área alcoyana, Rizo asegura que la conflictividad es menor que en zonas costeras o más densamente habitadas.
«La población en zonas rurales tiene más arraigo a su tierra, y por eso suele tener el mismo médico de cabecera durante muchos años. En ese contexto, la agresión es menos probable que allí donde hay más rotación poblacional».
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