«La Generalitat ha agotado dos legislaturas sin abrir ni un solo centro de salud en Alicante»

Llopis se ha referido en estos términos al anuncio realizado por el conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, que durante la presentación de los presupuestos de 2023 de su departamento para la provincia de Alicante, ha afirmado que la administración autonómica va a realizar inversiones en los departamentos de salud de la ciudad de Alicante por valor de 28 millones.

La edil recuerda que desde que gobierna el tripartito de PSPV, Compromís y Podemos, la Generalitat Valenciana “no ha levantado ni construido ni un sólo centro de salud en la ciudad”. En este sentido, Llopis insiste en que “los alicantinos, con resignación y paciencia, siguen esperando los centros de salud de Playa de San Juan, Garbinet y PAU-2, proyectos anunciados una y otra vez por Puig y sus socios y que siguen sin ver la luz, mientras las infraestructuras sanitarias de la ciudad colapsan”.

Llopis recuerda que Alicante tiene “unas necesidades acuciantes y urgentes de mejora de sus dotaciones e infraestructuras sanitarias, y que precisa, además de los centros de salud citados, otros dos más en San Gabriel y el PAU-5, pero mucho me temo -agrega- que las propuestas se guardarán en un cajón, como tristemente ha sucedido con otros proyectos”.

Llopis mantiene que los dos hospitales de referencia de la ciudad, como son el Hospital General doctor Balmis y el hospital de Sant Joan “son los que menos inversiones han recibido en los últimos años en comparación con los otros grandes hospitales de la Comunidad, y eso es inaceptable. Ya basta de este maltrato por parte del Gobierno valenciano”.

Según Llopis, el “sectarismo de Puig en materia sanitaria con Alicante es un hecho, ya que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón a los médicos alicantinos de la sanidad privada, confirmando la sentencia que declaraba la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la salud de los facultativos que trabajaban en la sanidad privada en la provincia de Alicante, habiendo sido responsable de esta vulneración la Generalitat Valenciana con su inactividad consistente en no vacunarles -contra la covid-19-, en clara discriminación con el personal de la sanidad pública, que sí fueron vacunados en cuanto llegaron las primeras vacunas”.