Denuncian en Dénia el «desamparo» de los estudiantes con discapacidad severa por falta de plazas en centros de día

Las familias del AMPA del Colegio de Educación Especial Raquel Payà de Dénia, con hijos con discapacidad severa, se enfrentan «a una situación crítica». Según han denunciado este jueves, cuando finalice su etapa de escolarización quedarán «desamparados» debido a la falta de plazas en centros de día y ocupacionales de la Marina Alta. Hay varios casos en los que en junio, cuando acabe la última clase del curso, la vida de esas madres y padres dará un vuelco.

En la comarca apenas hay infraestructuras para atender a estos jóvenes que no pueden valerse por sí mismos al ser grandes dependientes. En la parte mitad septentrional sólo se encuentra en centro ocupacional y de día de La Xara, que tiene lista de espera. De manera que no podrá dar cabida al alumnado que finaliza en el Raquel Payà. Las familias no entienden cómo es posible que en la Marina Alta, una comarca con cerca de 200.000 habitantes, y tras años de reivindicaciones, la Administración todavía no haya solucionado esta carencia de plazas.

Los contactos mantenidos con la Conselleria de Servicios Sociales en busca de una medida que dé respuesta a sus reclamaciones no han dado ningún fruto. Todo lo contrario. De las reuniones y conversaciones han salido defraudados y no han visto ningún avance. Ante esta pasividad del gobierno autonómico y tras alcanzar una situación «insostenible», los padres y madres han recurrido al Síndic de Greuges.

Y no piensan quedarse ahí ante «la inacción política». Según han anunciado, «estamos dispuestos a movilizarnos y protestar frente a la Administración hasta que se nos escuche».

Belinda es la madre de una de las alumnas del Raquel Payà que se verá afectada por esta situación. Su hija «tiene 21 años pero es como si tuviera 2» y en junio, cuando finalice el curso escolar, terminará su etapa educativa y no tendrá ningún centro de día al que poder acudir ya que no hay plazas disponibles.

Según explica, «necesita su rutina, ir al colegio, socializar y eso se acabará». Está segura de que «si se queda en casa, se volverá loca porque necesita salir e ir a clase. Va a perder lo conseguido en 20 años».

Ante la imposibilidad de encontrar una plaza en la comarca, el panorama de esta familia es muy duro. «Voy a tener que pedir una excedencia y dejar de trabajar», comenta Belinda con tristeza. Para ella, su trabajo es su terapia y lo tendrá que aparcar para dedicarse en exclusiva a su hija, de manera que su salud también se resentirá.

A todos estos sentimientos se le suma el de la indignación. Siente que su hija está discriminada al no poder acceder a unos servicios tan necesarios para ella como un centro de día o un centro ocupacional. Y para colmo, entre las respuesta recibidas a sus reivindicaciones, según apunta, es que de momento la conselleria no va a construir ninguna de esas infraestructuras.

Javier, vecino de Ondara, también tiene una hija gran dependiente, con un 96% de discapacidad. En su caso, al tener sólo 19 años, aún le queda un poco más de margen de tiempo, pero teme que para el momento en que acabe en el CEE Raquel Payà todavía no se habrá construido el centro de día que tanto le hace falta. Cuando se acerque el día, él y su mujer deberán decidir si contratan a una persona a jornada completa para que la cuide o si uno de los dos deja el trabajo.

Según recalca, el problema que sufre su familia y otras de la comarca no ha surgido de repente, por lo que la Generalitat ha dispuesto de suficiente tiempo para paliar esta necesidad tan acuciante que hay en la Marina Alta. También ha estado presente en las reuniones con la directora general de las Personas con Discapacidad de la Conselleria de Servicios Sociales y también ha salido decepcionado.

«Tras dejarnos claro que la conselleria no va a construir nada, según su propias palabras, después nos comentó que la intención era encontrar empresas solventes que lo construyeran y que se quedaran con la gestión», relata. No es que le entusiasme demasiado esta última fórmula, pero «entre eso y nada, me quedo con eso». Javier intuye que de momento desde Valencia no han hablado con los ayuntamientos de la zona para tantear la posibilidad de obtener terrenos en los que construir estas infraestructuras que reclaman las familias. Por ello, él y otros padres y madres decidieron trasladar al Síndic de Greuges su queja y su malestar por la inacción del gobierno autonómico.