Unidas Podemos exige al PSOE que retire sus enmiendas a la ley trans

La ministra de Igualdad, Irene Montero, valoró este miércoles las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario socialista, ante las que no escondió que se encuentra «enormemente preocupada», ya que los cambios propuestos, a su juicio, «tocan el corazón» de la norma, el derecho a la autodeterminación de género, contra el compromiso adquirido por el Partido Socialista hace unos días, en el fragor del enfrentamiento por su respaldo a la ampliación del plazo de presentación de propuestas de cambio de la norma. Por ello, Montero pidió que los socialistas retiren sus enmiendas. En todo caso, los morados no apoyarán las iniciativas socialistas que impliquen el recorte de la norma y confían en que las terminen retirando, como ocurrió con la ley del 'sí es sí'.

Las enmiendas presentadas por los socialistas incluyen que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, exigencia que de acuerdo con el texto de la ley que llegó al Congreso de los Diputados de la mano del Consejo de Ministros es aplicable sólo a los menores de entre 12 y 14 años. Ante esta propuesta, la ministra de Igualdad reclamó que no se cometa la «crueldad» de «estigmatizar» a los menores trans y de «cuestionar quienes son», para añadir: «Vamos a trabajar con la mayoría feminista del Congreso para intentar que la ley salga antes de que acabe el año sin un solo recorte en derechos, tampoco para las infancias trans». Asimismo, Montero esgrimió que el texto que se tramita en la Cámara es el que ella pactó con Carmen Calvo.

Antes que la ministra de Igualdad había hablado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que también reconoció su preocupación con las enmiendas propuestas por los socialistas: «A priori chocan con el proyecto de ley que aprobaron también ministros del PSOE», valoró, para añadir: «Parece preocupante que el PSOE le enmiende la plana al Gobierno».

Si Unidas Podemos reclama la retirada de las enmiendas propuestas por el PSOE, no es el único grupo que lo hace. Otras nueve fuerzas parlamentarias también están metiendo presión a los socialistas para lograr que la norma salga tal y como entró, o con unos cambios mínimos, técnicos, recogiendo las inquietudes del colectivo trans.

Este miércoles Unidas Podemos registró once enmiendas a la norma avaladas por los colectivos trans y LGTBI y firmadas también por ERC, EH Bildu, PNV, Más País, Coalición Canaria, PdCat, BNG, Junts y Compromís.

Aunque en su mayoría se trata de cambios técnicos, no políticos, sí hay alguna modificación de cierta relevancia. Así, se propone un cambio en el artículo 14 de la ley con la finalidad de que se garantice que la documentación administrativa y los formularios sean adecuados a la diversidad en materia de identidad sexual, incluyendo a las personas no binarias, de manera que se prevean medidas para que se permita omitir la mención relativa al sexo en los documentos oficiales. Asimismo, se establece que quienes ejerzan la patria potestad o la representación de las personas intersexuales (personas que muestran, en grados variables, caracteres sexuales de ambos sexos) puedan solicitar que la mención del sexo figure en blanco durante un periodo de hasta diez años, aunque también tendrán la posibilidad de dejarla así para siempre.

Otra de las enmiendas contempla que la atención a las personas trans se incluya en la cartera básica de servicios, con la cobertura de los diferentes tratamientos necesarios relacionados con los procesos de transición.

Si el colectivo trans avisó de la convocatoria de una manifestación en Madrid el próximo 12 de noviembre en rechazo de las enmiendas a la ley trans propuestas por el PSOE por considerarlas «contrarias a la autodeterminación del género, prejuiciosas y estigmatizantes», la Organización Médica Colegial de España presentaba este miércoles su «posicionamiento» sobre la ley trans, de acuerdo con el que la exigencia de un diagnóstico médico multidisciplinar de la disforia de género no vulnera los derechos fundamentales; al tiempo que valora que el anteproyecto no resulta adecuado para proteger el interés de los menores de 16 años que carezcan del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada.